CIUDAD REAL, 2 de enero.

La vibrante oleada de un evento clandestino ha tomado por sorpresa a la provincia de Ciudad Real, donde aproximadamente 5.000 personas están participando en una rave que comenzó la noche del 31 de diciembre en las cercanías del aeropuerto local. Esta celebración no es nueva: en ediciones pasadas se había trasladado a las provincias de Murcia y Granada, pero este año parece haber encontrado un nuevo hogar en el corazón de Castilla-La Mancha.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, ha confirmado la magnitud de la fiesta, destacando que la mayoría de los asistentes han llegado en más de 1.500 vehículos, predominando las furgonetas camperizadas y autocaravanas, lo que sugiere una comunidad unida que busca disfrutar de la música y la convivencia en un ambiente alternativo.

Para salvaguardar el orden público, se ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad que incluye 170 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Según Broceño, el objetivo de la intervención policial es garantizar que la fiesta transcurra "con la mayor seguridad, tranquilidad y normalidad posible", lo que evidencia un enfoque proactivo ante un evento de esta magnitud.

Como parte de este despliegue, se ha incrementado la presencia de fuerzas de seguridad con el arribo de una unidad de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid, así como recursos adicionales de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría de Toledo. Todo ello en un contexto que desafía a las autoridades a manejar un evento que carece de autorización oficial.

La rave ha despertado una notable expectación, no solo por el gran número de asistentes, sino también por la discusión mediática que ha generado. Broceño ha subrayado que, a pesar de la ilicitud del evento, hasta el momento no se prevé un desalojo inmediato, considerando la complejidad que conllevaría desalojar a un grupo tan numeroso. "Si existe alguna orden judicial", ha indicado, se procederá a la evacuación, aunque lo primordial es que "todo transcurra con la mayor tranquilidad posible".

La duración de esta celebración podría extenderse, de acuerdo a experiencias previas, alcanzando entre seis y siete días, lo que añade un layer adicional a la ya cautivadora ruta de este evento innovador.

A la luz de esta situación, el subdelegado ha informado que Ciudad Real International Airport (CRIA), la empresa responsable de las instalaciones del aeropuerto, ha presentado una denuncia contra los organizadores de la rave, argumentando ocupación no autorizada de su suelo. Esto podría desencadenar una serie de acciones legales que impacten tanto a los organizadores como a los participantes.

En respuesta a la denuncia, Broceño ha señalado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están llevando a cabo investigaciones que, a lo sumo, serán trasladadas al juzgado en un plazo de 72 horas. Esta referencia puntualiza el compromiso de las autoridades con el estado de derecho, aunque también plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá en un evento que ya ha capturado la atención de muchos.

Finalmente, no se descartan sanciones administrativas que podrían aplicarse tanto a los organizadores como a los asistentes, lo que podría añadir una capa adicional de complicaciones para todas las partes involucradas. La posibilidad de que la Junta y el Ayuntamiento de Ciudad Real también intervengan en este conflicto subraya la complejidad del panorama local que se presenta en el horizonte.