La nueva ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se compromete a velar por los derechos tanto de los inquilinos como de los propietarios.
La nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha comenzado su mandato lanzando un mensaje de protección a los pequeños propietarios, especialmente aquellos que han invertido todos sus ahorros en la compra de una segunda vivienda.
En línea con su predecesora en el cargo, Raquel Sánchez, Rodríguez ha asegurado que la Ley de Vivienda vigente ya protege a estos pequeños propietarios, pero ha enfatizado en la necesidad de seguir trabajando en este tema.
"Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y esperanza a los pequeños propietarios. Este Gobierno está en contacto con la realidad y somos conscientes de que muchas personas, especialmente las personas mayores, han invertido su esfuerzo, trabajo y ahorros en la compra de una segunda vivienda que actualmente complementa sus ingresos. Nosotros también los protegeremos", declaró la ministra.
Además, la ministra ha destacado en varias ocasiones que la vivienda es un "derecho constitucional", afirmando que cada ciudadano español tiene derecho a un hogar donde criar a sus hijos y desarrollarse tanto personal como profesionalmente.
Rodríguez también ha manifestado su preocupación por los jóvenes y las dificultades que enfrentan para acceder a una vivienda: "Quiero entender y asumir la frustración de las miles de familias españolas, especialmente la juventud, que se enfrenta a serias dificultades para acceder a una vivienda", agregó.
La ministra ha expresado su gratitud al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por otorgarle el "honor" de dirigir este ministerio y por apostar por la creación de un Ministerio exclusivamente dedicado a la vivienda, algo que solo ha sucedido en gobiernos socialistas, con el objetivo de convertirlo en una "política de país".
"Después de 45 años, finalmente hemos logrado contar con una Ley de Vivienda que otorga responsabilidad a este sector. Ha sido un proceso difícil, pero ahora está aquí y no buscamos culpar a nadie, sino brindar soluciones. Me comprometo a convertir esto en una política de país, mediante un acuerdo entre todas las administraciones públicas y los actores del sector, para garantizar este derecho constitucional con absoluto respeto y lealtad en la cooperación con el resto de las administraciones públicas", concluyó la ministra.