TOLEDO, 18 de febrero.

Recientes informes han revelado que la mayoría de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha están entre los 23 y 32 años de edad. Este fenómeno afecta principalmente a mujeres procedentes de países latinoamericanos, donde las deudas adquiridas suelen estar relacionadas con su situación de irregularidad migratoria.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, compartió estos datos a los medios antes de participar en una mesa técnica dedicada a la lucha contra la trata en Toledo, un foro que se ha constituido recientemente en septiembre.

Hay una tendencia creciente en la llegada de mujeres de Latinoamérica, mientras que las redes del este de Europa que anteriormente operaban en este ámbito parecen estar disminuyendo su actividad. Esto ha llevado a un cambio en el panorama del tráfico de personas en la región.

Los factores que obligan a estas mujeres a seguir en la explotación no solo se relacionan con la deuda económica, sino también con la precariedad de su estatus legal. En muchos casos, llegan con documentación y son despojadas de sus pasaportes, lo que las sumerge en una situación de vulnerabilidad extrema.

Un aspecto alarmante es que estas mujeres son frecuentemente amenazadas con dañar a sus familias o seres queridos en sus países de origen, algo que perpetúa su sometimiento. Adicionalmente, el auge de la ciberprostitución a través de las redes sociales ha complicado aún más la identificación y rescate de estas víctimas.

Asimismo, se ha observado un cambio en la modalidad de explotación, trasladando el ejercicio de la prostitución desde clubes nocturnos a apartamentos privados, espacios que son mucho más difíciles de identificar y controlar por las autoridades. La movilidad constante de las mujeres complica aún más el seguimiento y la asistencia por parte de entidades de apoyo.

Cuando los proxenetas identifican la presencia de organizaciones que trabajan con las mujeres, rápidamente las trasladan a otros lugares, lo que dificulta la intervención de los servicios de asistencia y protección.

Simón subrayó la escasez de datos precisos sobre la explotación sexual en la región, una problemática que la sociedad parece renuente a afrontar. Existe una gran disparidad en las cifras disponibles, lo que dificulta una evaluación real del número de víctimas en Castilla-La Mancha.

Según cifras del Ministerio del Interior, solo se registraron 10 víctimas de trata en 2023 en la región. Sin embargo, organizaciones como In Género reportan que el número de víctimas podría llegar a casi 2,000, mientras que Médicos del Mundo estima alrededor de 400. Esta inconsistencia en los datos resalta la urgencia de una mejor colaboración interinstitucional para establecer una imagen clara de la situación.

Por tanto, la consejera ha hecho un llamado a implementar herramientas legales efectivas para erradicar la trata con fines de explotación sexual, así como la prostitución misma. "No todas las mujeres en prostitución son víctimas de trata, pero todas las víctimas de trata explotan en la prostitución", clarificó.

Simón enfatiza la necesidad de abordar la demanda de prostitución, argumentando que solo al erradicarla se puede eliminar la oferta y el mercado que deshumaniza a las mujeres, tratándolas como mercancía para beneficio económico.

Castilla-La Mancha se posiciona como un punto crítico tanto para el tránsito como para el destino de las redes de trata sexual, especialmente en la ruta que une Toledo y Ciudad Real, así como en la carretera de Levante.

La falta de marco legal suficiente permite que muchos establecimientos donde se ejerce la prostitución sigan operando bajo licencias legales, ya sea de hoteles o locales de ocio, lo que limita las acciones contundentes por parte de las autoridades.

El Gobierno regional está trabajando en el desarrollo de una estrategia integral que conecte todos los esfuerzos necesarios para combatir la trata. Esta estrategia se fundamenta en cuatro pilares: prevención, protección, persecución y colaboración interinstitucional.

La prevención buscará crear conciencia sobre la trata y la prostitución como formas de violencia de género, especialmente en los jóvenes. La protección se centrará en ofrecer alternativas a las víctimas. En cuanto a la persecución, se requiere de leyes robustas que penalicen estas prácticas y, sobre todo, una fuerte colaboración entre las diferentes administraciones para optimizar recursos y estrategias en la lucha contra este flagelo.