TOLEDO, 20 de diciembre. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento del sector agropecuario con la publicación, este viernes, de diversas órdenes de ayuda en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). Estas iniciativas incluyen una asignación de 50 millones de euros destinados a facilitar la incorporación de jóvenes al campo, así como 35 millones para la modernización y mejora de sus explotaciones agrícolas dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural (PEPAC) 2023-2027.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha destacado la importancia de esta nueva convocatoria, la segunda del PEPAC, que busca atraer a la juventud interesada en construir una carrera en el sector agropecuario en nuestra comunidad. “Con esta publicación en el DOCM, lanzamos una nueva oportunidad para que chicos y chicas de la región puedan desarrollar su actividad futura en Castilla-La Mancha”, afirmó Martínez Lizán, subrayando el compromiso del gobierno regional con el emprendimiento juvenil en el ámbito rural.
Los interesados tendrán hasta el 3 de marzo para presentar sus solicitudes, lo que se traduce en un plazo ampliado para fomentar la participación. “Nuestro objetivo es continuar cumpliendo con la promesa de atender a quienes quieran embarcarse en el sector agropecuario. Aspiramos a que esta convocatoria sea tan exitosa como la anterior y animamos a la juventud a buscar su futuro laboral en esta área”, añadió el consejero, alentando a los jóvenes a aprovechar esta oportunidad.
Estas medidas, que se repiten por segundo año consecutivo, pretenden no solo atraer a nuevos agricultores y ganaderos, sino también apoyar el desarrollo empresarial de sus explotaciones. La sostenibilidad y la viabilidad económica son clave, por lo que se hace énfasis en la necesidad de orientar las inversiones hacia el mercado y promover el uso de nuevas tecnologías en el ámbito agrícola.
Entre las novedades de este año, se incluye la posibilidad de que personas mayores de 18 años y hasta los 40 puedan incorporarse, siempre que no hayan iniciado el proceso de incorporación en los 24 meses previos, excepto en casos de pequeñas explotaciones agrícolas con una dimensión inferior a 0,2 unidades de trabajo agrario.
Los beneficiarios de estas ayudas están obligados a garantizar la viabilidad de su explotación, dedicando al menos 960 horas anuales a actividades agrarias. Si no se encuentran en áreas afectadas por despoblación, deberán compensar su trabajo en la explotación mediante contratación de mano de obra. Además, se comprometen a mantener durante cinco años las condiciones que justificaron la concesión de las ayudas.
El objetivo para el periodo 2023-2027 es que, aproximadamente, 1.900 jóvenes se incorporen al sector agropecuario. Para alcanzar esta meta, la convocatoria de 2024 contará con una asignación presupuestaria de 50 millones de euros, duplicando la cifra correspondiente al año anterior.
En cuanto a las ayudas, se mantienen las condiciones del año previo, con una ayuda básica de incorporación a 37.000 euros, que puede aumentar hasta 60.000 euros bajo ciertas condiciones como residir en zonas de escaso poblamiento o formar parte de cooperativas. La ayuda se otorgará en dos pagos: el 60% al inicio de la actividad y el 40% al finalizar el plan empresarial.
Además, la asignación para los planes de mejora destinados a jóvenes ha aumentado, pasando de 25 millones en 2023 a 35 millones en 2024. Las condiciones de las ayudas se mantienen y las medidas establecen un porcentaje básico del 40% para la inversión financiable.
Los incentivos pueden ampliarse con un 5% adicional para aquellas inversiones que promuevan el ahorro de agua, así como en instalaciones de ganado o para proyectos en zonas con baja densidad de población. Adicionalmente, los jóvenes que tomen la iniciativa en la actividad agraria pueden acceder a un 20% extra sobre la ayuda, aunque el total combinado no podrá superar el 70% del total de la inversión.
El volumen máximo de inversión financiable se ha establecido en 100.000 euros por unidad de trabajo agrario (UTA), sin exceder un total de 400.000 euros por explotación. Si varias personas jóvenes se integran en la misma explotación, la inversión total podrá llegar a 800.000 euros, sumando las cantidades asignadas a cada expediente.
Finalmente, en aquellos casos de incorporaciones a entidades asociativas, como en el caso del champiñón, la inversión máxima puede incrementarse hasta 2.000.000 euros, siempre que se produzca la fusión con otras explotaciones, garantizando que se puedan operar en instalaciones competitivas y eficaces.
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