La Junta de Castilla-La Mancha reduce el gasto en servicios sociales mientras a nivel nacional aumenta significativamente

En el período entre 2009 y 2023, el gasto en servicios sociales ha experimentado un notable aumento de 7.614 millones de euros, lo que representa un incremento del 64,05%. Destacan cuatro Comunidades Autónomas por encima del 100% de incremento: Comunidad Valenciana (251,41%), Islas Baleares (187,55%), País Vasco (121,56%) e Islas Canarias (110,48%). Por el contrario, Castilla-La Mancha muestra una inversión en servicios sociales por debajo del -1%.

En términos absolutos, Comunidad Valenciana y Cataluña lideran con un gasto de inversión superior a 1.000 millones de euros, mientras que Castilla-La Mancha experimenta un descenso en su gasto en servicios sociales de -15 millones de euros.

Según el informe 'La inversión social por comunidades' de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la falta de inversión en servicios sociales en Castilla-La Mancha incide directamente en el gasto por habitante de la región, que ve reducidos sus recursos sociales.

En el mismo período mencionado, Castilla-La Mancha es la única región que disminuyó su inversión en servicios sociales en 15 millones de euros, representando un 1,53%, lo que resulta en una caída del gasto por habitante de 10,45 euros.

El porcentaje total del presupuesto regional destinado a servicios sociales en Castilla-La Mancha es del 8,3%, en comparación con el 7,6% a nivel nacional, con un gasto por habitante de 463,85 euros.

El informe revela que todas las comunidades autónomas han aumentado su inversión en política social desde 2009, con un incremento a nivel nacional del 28,06%. Baleares (65%), Comunidad Valenciana (47%) y Navarra (+45%) son las regiones con mayor crecimiento, mientras que Cataluña (12,23%) y Castilla-La Mancha (11,16%) muestran los menores incrementos.

Castilla-La Mancha ha aumentado su inversión en 678,4 millones de euros en el mismo período, representando el 58,39% del presupuesto total. El gasto por habitante en la región es de 3.247,63 euros, ligeramente superior a la media nacional.

En el ámbito de la sanidad, la región ha incrementado sus fondos destinados en un 15,20% entre 2009 y 2023, alcanzando 477,56 millones de euros. El gasto por habitante en sanidad en 2023 es de 1.739,86 euros.

En educación, Castilla-La Mancha ha experimentado un aumento de 215,9 millones de euros desde 2009, lo que representa un incremento del 11,04%. Aunque se ubica en el último lugar en cuanto al aumento de gasto por habitante, con 97,3 euros, frente a los 197,21 euros de la media nacional.

La región ha destinado un 18,8% adicional al presupuesto total a educación, con un gasto por habitante de 1.043,92 euros.

En conjunto, las comunidades autónomas han dedicado uno de cada diez euros de aumento de sus presupuestos a políticas sociales, señalando un incremento de 15.469,3 millones de euros en 2023, de los cuales solo el 12,58% se destinó a políticas sociales, según el mismo informe.

Se evidencia una disminución del porcentaje de presupuestos dedicado a políticas sociales en las Comunidades Autónomas, pasando del 67,4% en 2010 al 58,4% en 2023, resultando en un descenso de nueve puntos en los últimos 13 años.

En España se invierten 3.124 euros por habitante al año en políticas sociales, con notables diferencias regionales, siendo Navarra, el País Vasco y Extremadura los mayores inversores, y Madrid, Cataluña y Murcia en la retaguardia.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia la reducción progresiva del porcentaje destinado a políticas sociales en las CCAA, lo cual ha sido notable desde el año 2010, con recortes significativos en el gasto público esencial.

A pesar de los aumentos registrados en los presupuestos autonómicos desde 2014, especialmente durante la gestión de la pandemia, el porcentaje destinado a políticas sociales sigue en descenso, evidenciando una pérdida de peso en los presupuestos de las comunidades autónomas.

Destaca el incremento en el gasto relacionado con el pago de la deuda, lo que ha limitado considerablemente la capacidad de las CCAA para destinar mayores recursos a sanidad, educación y servicios sociales. Los autores del estudio alertan sobre la importancia de revertir esta tendencia para garantizar un adecuado apoyo a las políticas sociales esenciales.