GUADALAJARA, 27 de diciembre. En una reciente sesión del Consejo de Gobierno, se ha aprobado una convocatoria impulsada por la Consejería de Bienestar Social, que se centra en la creación de proyectos inclusivos dirigidos a personas en situaciones de vulnerabilidad. Lo notable de esta iniciativa es su carácter plurianual, que abarca dos años, 2025 y 2026, con el objetivo de brindar estabilidad al sector y fomentar la implementación de nuevos modelos de atención social.

Bárbara García, consejera de Bienestar Social, explicó en una conferencia de prensa que esta decisión responde a una solicitud de las organizaciones del Tercer Sector. Esto se traduce en mayores plazos para la ejecución de los proyectos, respaldados por una inversión total de 11,6 millones de euros. Este monto representa un incremento de medio millón de euros por año en comparación con la convocatoria de 2024, que contaba con 5,8 millones anuales.

La nueva inversión permitirá financiar hasta el 100% del costo de los proyectos, con una cofinanciación de hasta el 85% provista por el Fondo Social Europeo Plus. Esta estrategia beneficiará tanto a las entidades del Tercer Sector como a universidades e instituciones científicas, asegurando un enfoque "multidimensional" que abarca desde la investigación hasta la intervención social directa, lo cual, según García, está en el corazón de estos proyectos.

Entre las iniciativas que se incluirán en la convocatoria, se destacan modelos como Housing First y Housing Led, orientados a proporcionar soluciones habitacionales para personas sin hogar. Estas propuestas se alinean con las directrices de la Unión Europea en la búsqueda de solucionar problemas que afectan a colectivos en situaciones de especial vulnerabilidad.

Además, García enfatizó que esta convocatoria facilitará la gestión y justificación de los proyectos, lo que devuelve el protagonismo a las entidades del Tercer Sector al simplificar los procesos administrativos involucrados.

El año 2024 fue testigo de la implementación de 127 proyectos que impactaron positivamente en la vida de más de 8.500 personas, destacando que el 61% de ellas eran mujeres. Para el año venidero, el desafío se centra no solo en incrementar estas cifras, sino también en mejorar las condiciones laborales de los profesionales que desarrollan estos proyectos, con especial énfasis en las zonas rurales más despobladas, donde se reserva un 30% del crédito.

En términos de proyectos financiables, se priorizarán aquellos que fomenten la inclusión social continua en barrios desfavorecidos, enfocándose en abordar situaciones de exclusión y realizando acciones dirigidas a la formación, la innovación, los estudios y pilotos de intervención.

Asimismo, la consejera subrayó el enfoque "innovador" de esta convocatoria, que no solo apoya la investigación y la creatividad, sino que también resalta la necesidad de evaluar las herramientas que se ponen a disposición de la ciudadanía, con el fin de establecer modelos que optimicen la atención a las poblaciones más vulnerables.

En su intervención, la titular de Bienestar Social también resaltó la relevancia del diálogo constructivo entre la Administración y el Tercer Sector. En este contexto, García hizo referencia a una convocatoria previa destinada a entidades privadas que ofrecen servicios y programas para personas mayores, la cual fue aprobada varias semanas atrás y se publicará el próximo 30 de diciembre, correspondiente al año 2024.

Esta está orientada a mejorar la calidad de vida de los mayores, respaldada por una dotación presupuestaria de 3,2 millones de euros. Las entidades privadas y universidades contarán con un periodo de 15 días hábiles para presentar sus propuestas, que se extenderá hasta el 23 de enero. Las áreas de enfoque incluyen programas de apoyo a la autonomía personal, promoción de la vida independiente, atención integral y estrategias para la inclusión digital, con el objetivo de reducir la brecha existente.

En el año 2024, gracias a la anterior convocatoria, se financiaron 89 proyectos de 73 entidades, beneficiando a un total de 35.000 mayores en Castilla-La Mancha, un claro ejemplo del impacto positivo que estas iniciativas pueden tener en la comunidad.