El 21 de noviembre, en Albacete, dos individuos originarios de Madrid, de 31 y 32 años, se encuentran bajo investigación por parte de la Guardia Civil, acusados de usurpación de identidad. Se les señala por haber utilizado identidades falsas en plataformas de juego online, lo que constituye un delito grave en el ámbito digital.

La situación salió a la luz cuando la Guardia Civil recibió reportes sobre posibles estafas en casinos en línea. Se determinó que los sospechosos habrían hecho uso de los datos de personas residenciadas en Pozohondo y Aguas Nuevas para crear cuentas en estos sitios de apuestas, con el fin de ocultar las ganancias que obtenían y así evitar responsabilidades fiscales.

A lo largo de la investigación, se desveló que los perpetradores lograron acceder a información personal de las víctimas, la cual utilizaron sin consentimiento para registrarse en diversos casinos virtuales. Esto les permitió no declarar los ingresos generados, una maniobra que, efectivamente, pone en riesgo la situación fiscal de los afectados, según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado.

Los resultados son alarmantes: mientras que en el caso de Pozohondo se reportaron ganancias por un total de 705 euros, en Aguas Nuevas la cifra alcanzó los 909 euros. Las víctimas comenzaron a sospechar de esta usurpación cuando, al iniciar trámites para su declaración de la renta del año 2024, la Agencia Tributaria les notificó sobre la existencia de ingresos que no reconocían, resultantes de actividades en casinos online.

El modus operandi de los responsables parecía ser el establecimiento de cuentas usando la información de las víctimas, lo que les facilitó retirar rápidamente los fondos generados por sus apuestas sin que la vinculación a sus nombres figurara en los registros, obviando así obligaciones tributarias.

Este tipo de delitos está en aumento, como lo evidencia el Ministerio de Consumo, que reportó más de 7,700 denuncias por estafas similares en 2024, mostrando una tendencia preocupante en la protección de datos y derechos de los consumidores.

Las investigaciones realizadas por la Guardia Civil en las localidades de Pozohondo y Aguas Nuevas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción competente en Albacete, dando inicio al proceso judicial correspondiente.