MADRID, 16 de noviembre.

El próximo lunes, 17 de noviembre, el Gobierno convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de discutir los parámetros de estabilidad financiera que deberán seguir las comunidades autónomas, en el marco de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Este consejo, que congrega a representantes del Gobierno central y de las comunidades autónomas, debe emitir un informe previo que determine la senda de estabilidad financiera, esencial para la confección de los presupuestos regionales.

La reunión, programada para las 12:00 horas, precederá a la aprobación el martes en el Consejo de Ministros del límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', así como de los objetivos de estabilidad y endeudamiento, tal como ha confirmado María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda.

Montero ha subrayado que establecer estos objetivos de estabilidad es un paso crucial en la elaboración de los Presupuestos, ya que proporciona claridad sobre la capacidad económica disponible para las distintas administraciones.

Si el Parlamento aprueba la senda de estabilidad para 2026-2028, el Gobierno podrá continuar con la presentación del proyecto de Presupuestos, que será enviado a las Cortes. Cabe recordar que el año pasado se presentaron en dos ocasiones los objetivos presupuesto, pero se bloquearon debido a las elecciones anticipadas en Cataluña. Además, la senda para 2025 fue rechazada por las Cortes, lo que dejó a las cuentas públicas sin avanzar.

En este contexto complicado, el Ejecutivo enfrenta un panorama parlamentario tenso tras el anuncio de Junts de bloqueos a futuras iniciativas, lo que podría obstaculizar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Desde Junts han dejado claro que si se propone recuperar los mismos objetivos de estabilidad del año pasado, votarán en contra de nuevo. Miriam Nogueras, portavoz de la formación, afirmó que es lógico que mantendrán su rechazo si no hay un cambio significativo en las propuestas.

Pese a los desafíos, Pedro Sánchez ha manifestado que seguirá adelante con su "hoja de ruta" y que se mantendrá en la búsqueda de nuevas soluciones, ya sea con o sin Presupuestos durante esta legislatura que concluirá en 2027.

En el marco del CPFF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha expresado que no ve necesidad de aumentar el margen de déficit propuesto por Hacienda para las comunidades autónomas, que era del 0,1% para 2026 y 2027. Según la presidenta de AIReF, Cristina Herrero, el conjunto de las administraciones regionales no requiere un objetivo de déficit mayor, basándose en sus proyecciones de equilibrio presupuestario.

En cuanto a los objetivos para la Administración Central, se plantean un 1,8% para 2026 y un 1,5% para 2027, mientras que se espera que los municipios mantengan un equilibrio presupuestario en 2025 y 2026.

La agenda del CPFF también contempla la discusión sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema que ha tenido un largo camino de negociaciones. El Ministerio de Hacienda está trabajando en una propuesta que promete ser positiva y beneficiosa para todas las regiones, con la aspiración de implementarla durante esta legislatura.

Montero ha informado que se presentarán avances sobre la reforma en la reunión del lunes, aunque los detalles profundos se discutirán en futuros encuentros del consejo.

Adicionalmente, el Gobierno tiene entre sus planes modernizar el sistema de financiación autonómica, un mecanismo que ha estado pendiente de renovación durante más de diez años. La propuesta en estudio implica que los ingresos derivados de impuestos como el IRPF y el IVA sean distribuidos simultáneamente a todas las administraciones, una medida que busca corregir inequitativas prácticas anteriores.

Este enfoque surge como respuesta a las críticas generalizadas que han hecho las comunidades autónomas sobre el modelo actual, que ha sido considerado ineficiente y desactualizado.

Asimismo, el Gobierno debe dar pasos hacia la implementación de un acuerdo con ERC sobre una financiación específica para Cataluña, aunque no se ha definido el mecanismo a seguir.

Durante la legislatura pasada, el Ministerio de Hacienda había enviado a las comunidades su propuesta para reformar el sistema de financiación, atendiendo especialmente a las necesidades de las regiones más desfavorecidas. Tras solicitar alegaciones, la falta de avances por parte del Gobierno llevó a que la discusión quedara estancada, incluso a pesar de las peticiones de varias comunidades para una actualización necesaria del modelo.