TOLEDO, 23 de diciembre. La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha rechazado recientemente las solicitudes de dimisión que le han hecho los sindicatos, quienes critican la negativa de la Junta a establecer un diálogo sobre el reglamento que rige el trabajo de los agentes medioambientales. A pesar de la controversia, Gómez se mantiene optimista y espera poder alcanzar un entendimiento con los representantes de los trabajadores.

Al ser interrogada por los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Gómez expresó que, si se consultara directamente a los más de 530 agentes medioambientales de la región, es poco probable que compartieran la misma opinión que los sindicatos. Según la consejera, estos profesionales cuentan actualmente con más recursos que nunca para llevar a cabo su labor, lo que supuestamente contrasta con la visión de los sindicatos.

Gómez destacó que, en respuesta a la reciente legislación aprobada por el Gobierno de España sobre la regulación de los agentes forestales y medioambientales, que concede un plazo de un año a las comunidades autónomas para implementarla, su Consejería ha presentado una propuesta de reformulación del reglamento regional. Este cambio busca adaptar la normativa local a la nueva legislación nacional en materia medioambiental.

En este contexto, subrayó que el objetivo de la modificación del reglamento es optimizar la distribución territorial de los agentes medioambientales en las distintas demarcaciones de la región, asegurando que el número de agentes requeridos se mantendrá inalterado. "No estamos reduciendo personal; más bien buscamos una mejor organización", enfatizó Gómez.

La consejera también informó que, aunque aún no se ha comenzado "ningún tipo de negociación", esta responsabilidad recae en la Mesa de la Función Pública. Aclaró que, dadas las características de un reglamento, es fundamental que esta propuesta sea sometida a información pública, una etapa que ya se ha iniciado.

Por lo tanto, instó a los sindicatos a expresar sus inquietudes y observaciones en los foros de negociación formalmente establecidos para la función pública. "Todas las contribuciones se revisarán, y aquellas que sean viables se integrarán porque este Gobierno valora el diálogo y la transparencia", manifestó Gómez en su intervención.

Por último, la consejera finalizó su exposición afirmando que existe un plazo de un año para implementar este reglamento y se mostró esperanzada en que se pueda lograr un consenso satisfactorio para todos los sindicatos involucrados. "Mi anhelo es alcanzar un acuerdo que refleje las necesidades de todos los actores implicados", concluyó.