La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte que un total de 13 comunidades autónomas en España han reducido su gasto en rentas mínimas, llegando incluso a superar el 80% en casos como Madrid y Aragón, luego de la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020. Estos datos se desprenden del Informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) correspondiente a 2022, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Según los datos recogidos por la Asociación, en promedio, las rentas mínimas de inserción en España se han reducido en un 12,8% desde la implementación del IMV. Las comunidades autónomas que lideran estos recortes son Aragón y Madrid, con reducciones del 81,2% y 84,5% respectivamente. Les siguen Castilla-La Mancha (-72,9%), Castilla y León (-63,3%), La Rioja (-55,6%) y Murcia (-55,2%).

Por otro lado, encontramos el caso opuesto en comunidades como Canarias, que ha aumentado su cuantía en un 126,7%, Baleares con un incremento del 87,3%, Cataluña con un 23,3% y la Comunidad Valenciana con un 10,81%.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca que estos recortes presupuestarios en la mayoría de las comunidades autónomas han provocado que, después de dos años desde la aprobación del IMV, se rompa la tendencia al alza que se registraba desde 2011, ocasionando una pérdida total de 241 millones de euros.

La asociación denuncia que muchas comunidades autónomas han destinado el ahorro en el presupuesto de las rentas mínimas a otros fines fuera de los servicios sociales.

Además, las directoras y gerentes de Servicios Sociales advierten que solo el 7,9% de la población española bajo el umbral de la pobreza se ha beneficiado de las rentas mínimas que ofrecen las Comunidades Autónomas. Este porcentaje ha ido disminuyendo desde 2015, excepto durante el primer año de la pandemia (2020), después de alcanzar su nivel más alto en 2011 con un 8,7%.

Sin embargo, se observan diferencias significantes entre las comunidades autónomas. En Navarra y el País Vasco, estas rentas mínimas llegan a más del 50% de su población por debajo del umbral de la pobreza, seguidas por Asturias (22,5%) y Cataluña (15,1%). En contraste, en cuatro comunidades autónomas no llegan ni al 2,5% de las personas bajo el umbral de la pobreza: Madrid (2,4%), Murcia (1,6%), Andalucía (1,6%) y Castilla-La Mancha (0,6%).

En cuanto a la cuantía media por persona receptora de estas rentas mínimas en España, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala que solo representa el 13,9% de la renta media por hogar, una cantidad extremadamente baja que ha disminuido dos puntos en el último año.

Una vez más, se evidencian diferencias entre las comunidades autónomas en este aspecto. Baleares (33,6%), Canarias (18,3%), Asturias (17,2%), Comunidad Valenciana (15,5%) y Extremadura (15,4%) son las que otorgan las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares en sus respectivos territorios. Mientras tanto, las cuantías más bajas se encuentran en Murcia (8,6%), Madrid (8,3%) y Aragón (2,5%).