En un giro judicial inesperado, este lunes, 10 de noviembre, el Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete abrirá las puertas a un caso que involucra a un grupo de siete individuos, todos de nacionalidad francesa y belga, quienes se encuentran en el banquillo de los acusados por la presunta formación de una organización criminal dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en esta región, así como en Murcia y Alicante. La Fiscalía ha solicitado una pena total que asciende a 150.000 euros y más de cuatro años de prisión para los implicados.

La acusación detalla que ya en febrero de 2020, los acusados habían establecido una red operativa, alquilando múltiples propiedades en la localidad de Hellín y en las provincias aledañas, diseñada específicamente para el cultivo intensivo de cannabis. Estas instalaciones estaban equipadas con tecnología avanzada en ventilación, iluminación y control de temperatura, lo que refleja la planificación meticulosa detrás de esta actividad ilícita.

La intervención de las fuerzas del Cuerpo Nacional de Policía resultó en la localización de cerca de 5.000 plantas de marihuana en diversas propiedades, incluyendo una nave industrial en Hellín y varias viviendas en La Azacaya, La Seca y Archena, en Murcia, así como una nave en Orihuela, Alicante. La magnitud del hallazgo resalta la seriedad de la operación que se estaba llevando a cabo.

Las autoridades también lograron incautar casi 16 kilogramos de cannabis sativa, cuya estimación de valor en el mercado negro ronda los 80.000 euros. Además, se encontraron cientos de equipos de cultivo, incluidos luces halógenas y ventiladores, cuyo uso desmedido provocó una defraudación eléctrica de aproximadamente 65.000 euros, afectando significativamente a la compañía eléctrica local.

La Fiscalía ha calificado las acciones de los acusados como constitutivas de un delito leve contra la salud pública, así como la pertenencia a un grupo criminal y la defraudación del suministro eléctrico. Este caso pone de relieve no solo la lucha contra el narcotráfico, sino también los desafíos asociados con el uso indebido de recursos públicos y la salud de la comunidad.