La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado un paso significativo hacia la modernización de las condiciones laborales en España. Este viernes, Díaz firmó un importante acuerdo con los líderes de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, para implementar una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, manteniendo intactos los salarios de los trabajadores.

Según la información disponible sobre el esbozo del anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso Europa Press, los convenios colectivos que superen las 37,5 horas semanales de promedio anual tendrán un plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para adaptarse a la nueva normativa. Este cronograma permitirá una transición ordenada hacia la jornada laboral reducida.

Yolanda Díaz ha afirmado con firmeza su postura en esta cuestión, superando las recomendaciones del Ministerio de Economía, que prefería un enfoque más gradual y extendido hasta 2026 para facilitar el ajuste a las empresas. Esta decisión refleja un compromiso decidido hacia la protección de los derechos laborales en un contexto que demanda transformaciones urgentes.

Además, los contratos a tiempo parcial que actualmente superen las 37,5 horas semanales serán transformados automáticamente en contratos a tiempo completo, lo que representa un avance significativo para las condiciones de trabajo en esta modalidad. Aquellos que se encuentren bajo contratos que estipulen menos de 37,5 horas tendrán el derecho a mantener su carga horaria actual, con un ajuste proporcional en sus salarios, garantizando así una transición equitativa.

Los trabajadores que se beneficien de una jornada reducida por motivos de cuidado de familiares o que sean víctimas de violencia de género o terrorismo también contarán con la misma protección y derechos, lo que resalta la inclusión de grupos vulnerables en este avance legislativo. Los límites normativos que rijan sobre estas reducciones se mantendrán en vigor hasta el final de su derecho o hasta el 31 de diciembre de 2026.

El Gobierno también se ha comprometido a revisar la normativa sobre jornadas especiales en un plazo de 18 meses, con el objetivo de adecuar y adaptar las regulaciones pertinentes a esta nueva jornada máxima legal, involucrando a todos los agentes sociales en este diálogo.

Con respecto a la implementación de estas nuevas normativas, se dará un enfoque más severo contra las empresas que incumplan con el registro horario y la jornada máxima. Las sanciones podrán alcanzar los 10.000 euros por trabajador, lo que implica un endurecimiento notable de las multas, que se duplican en comparación con las estipulaciones anteriores.

Este aumento en las sanciones se traduce no solo en una penalización más contundente para las empresas infractoras, sino que cada sanción se calculará por trabajador afectado, lo que podría implicar costos significativos para las organizaciones que no respeten las normativas laborales establecidas.

Los infractores enfrentarán multas diferenciadas según la gravedad de la falta, oscilando desde 1.000 hasta 10.000 euros según el grado de incumplimiento, una medida que busca garantizar una mayor seriedad en el cumplimiento de los derechos laborales.

En este contexto, la creación de un registro diario y digital de jornada laboral se considera crucial para asegurar la efectividad de las nuevas normativas. Esta medida busca prohibir el falseamiento de datos en el registro horario y asegurar que las empresas se sometan realmente a los límites establecidos.

Los trabajadores a tiempo parcial recibirán un resumen mensual de sus horas trabajadas junto con su recibo salarial, lo que les permitirá tener visibilidad real sobre su jornada laboral. Este control riguroso incluye la responsabilidad directa de los trabajadores en registrar sus horas, evitando así que las empresas puedan manipular la documentación.

El sistema de registro habilitará a trabajadores, representantes sindicales y a la Inspección de Trabajo para acceder a la información en cualquier momento, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas en estas medidas. La regulación de este control es parte fundamental del compromiso del Gobierno con la justicia laboral.

El derecho a la desconexión digital será igualmente reforzado, garantizando que los trabajadores no enfrenten repercusiones negativas por no responder a las comunicaciones empresariales fuera de su horario laboral, configurando así este derecho como irrenunciable.

Por último, el Ejecutivo planea establecer una mesa de diálogo social que evaluará los resultados de esta reducción de jornada y explorará nuevas posibilidades de avanzar hacia la disminución de la jornada laboral legal, tomando en cuenta las diversas circunstancias del mercado y las características específicas de cada sector laboral.