CIUDAD REAL, 5 de febrero. En un giro significativo en el ámbito político local, el exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, del Partido Socialista, junto con el exsecretario municipal Juan Luis Vázquez, se han presentado ante el tribunal para defender la validez del contrato relacionado con la construcción del estadio de fútbol del Cerrú. Ambos se enfrentan a graves acusaciones de prevaricación administrativa en un juicio que ha atraído la atención de la comunidad.

El juicio se llevó a cabo en la Sala de lo Penal del Tribunal de Instancia número 3 de Ciudad Real, donde se cuestiona el proceso que condujo a la autorización del estadio en el año 2007. La Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento actuó de manera irregular al firmar un contrato de permuta con una empresa privada sin seguir los procedimientos administrativos adecuados, omitiendo un concurso público y violando principios legales de transparencia y competencia.

La acusación detalla que el acuerdo fue establecido antes de ser debidamente aprobado por el pleno municipal y que las acciones posteriores no rectificaron esta falta fundamental. Este hecho se considera una infracción deliberada de la ley, ya que se dictó una resolución en conocimiento de su ilegalidad.

Durante su testimonio, Hermoso Murillo argumentó que no participó como responsable en la contratación ni firmó el contrato de construcción del estadio, cuyo valor supera los siete millones de euros. Afirmó que lo que realmente firmó fue un acuerdo para facilitar la tramitación de la propuesta presentada por la empresa Teconsa, asegurando que esto se hizo de conformidad con las normativas pertinentes.

Hermoso Murillo aclaró que la iniciativa de construcción emana de la empresa, la cual se comunicó con el Ayuntamiento para ofrecer un proyecto a cambio de parcelas municipales destinadas a vivienda pública. Defendió que este tipo de acuerdos era un método previamente utilizado en Puertollano.

A pesar de reconocer que no se consideraron otras ofertas ni se llevó a cabo una licitación formal, el exalcalde argumentó que el Ayuntamiento carecía de los recursos necesarios para realizar la obra sin dicha permuta con la empresa.

El exalcalde también expuso que después de la paralización de la construcción por parte de la empresa, el Ayuntamiento optó por finalizar el proyecto a través de un nuevo proceso de licitación, esta vez financiado por el Plan E y a un costo inferior.

Además, afirmó que el contrato original había recibido informes favorables de la Intervención municipal y que siempre se había guiado por dictámenes técnicos durante su mandato.

Por su parte, el exsecretario municipal respaldó la legalidad del convenio, confirmando que no observó anomalías, lo que justificó su aprobación. Explicó que el acuerdo constaba de dos contratos distintos: uno de permuta y otro para la ejecución de la obra, y que no hubo objeciones cuando se presentó al pleno.

El juicio también contó con la declaración de un agente de la UDEF de la Policía Nacional y un funcionario de la Intervención General de la Administración del Estado, quienes aportaron información relevante sobre el caso. El funcionario indicó que se habían identificado irregularidades en el proceso de contratación, señalando que en vez de seguir un procedimiento legal para la licitación, se optó por un sistema de permuta que comprometía a la promotora a construir el estadio a cambio de terrenos municipales.

En las conclusiones del juicio, la Fiscalía reconsideró su solicitud de pena, reduciendo la petición a un máximo de seis años de inhabilitación para ambos acusados ante las demoras en el procedimiento judicial. Aun así, mantuvieron que todos los elementos de la prevaricación administrativa estaban presentes, evidenciando que el proceso se habían realizado sin la debida formalidad y con una aparente legalidad otorgada posterioremente a la decisión del alcalde.