El exalcalde de Cogolludo, Jaime de Frías, ha sido sentenciado por la Audiencia Provincial de Guadalajara a un año y medio de prisión por su implicación en un grave caso de malversación de fondos públicos. La corte determinó que es penalmente responsable de un delito continuado de este tipo, que ha desencadenado no solo su condena, sino también su inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o empleo público, así como para ejercer el derecho a voto durante dos años.

Además, el exalcalde deberá indemnizar al Ayuntamiento de Cogolludo con la suma de 8,500.46 euros, en concepto de responsabilidad civil. También se le ha impuesto la obligación de hacerse cargo de las costas del proceso, que ascienden a 3,000 euros más IVA, incluida la parte correspondiente a la acusación particular.

Durante su ejercicio como alcalde, De Frías tenía acceso a una tarjeta de débito proporcionada por el Ayuntamiento, la cual utilizaba para cubrir diversos gastos relacionados con la Vivienda de Mayores Virgen de los Remedios. Sin embargo, los hechos probados en la sentencia revelan que entre 2013 y 2015, realizó hasta 27 transacciones que totalizan más de 8,000 euros, cargando estos montos a la cuenta municipal sin presentar ninguna factura o evidencia del uso adecuado de los fondos. Muchos de estos pagos se destinaron a artículos ajenos a la gestión municipal, poniendo en tela de juicio la transparencia de su administración.

El Ayuntamiento de Cogolludo ha confirmado que Jaime de Frías ha reconocido plenamente los cargos en su contra y que ya ha reintegrado las cantidades malversadas, las cuales han sido devueltas a las arcas municipales a través de la consignación hecha en la Audiencia Provincial. No obstante, la obligación de pagar las costas del proceso persiste.

A pesar de la gravedad de la condena, la Audiencia Provincial ha decidido otorgar a De Frías la suspensión de la pena de prisión, condicionando esta decisión a que no cometa nuevos delitos en un periodo de dos años. Asimismo, tendrá que realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un total de tres meses y medio, una medida que busca complementar su sanción y fomentar la reintegración social del condenado.