TOLEDO, 5 de diciembre.

La juez de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Torrijos, especializada en casos de violencia de género, ha decidido imponer prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza, para F.M.M.R. Este individuo está bajo sospecha de ser el autor de un asesinato que ocurrió este miércoles en Torrijos, donde su expareja, R.Q.A., de 39 años, fue fatalmente atacada.

Según el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha, como medida de protección, se ha suspendido el ejercicio de la patria potestad sobre los tres hijos menores de la pareja. Esta decisión busca salvaguardar el bienestar de los menores en medio de la situación de emergencia que se ha desatado.

El presunto agresor, quien se encuentra ingresado en un hospital, tuvo que comparecer ante la jueza mediante videoconferencia. Como parte de las medidas cautelares, la magistrada ha prohibido al investigado acercarse a los menores a una distancia menor de 500 metros y le ha impuesto restricciones en cuanto a cualquier forma de comunicación con ellos.

Desde el tribunal se subraya que la imputación contra el sospechoso es provisional y será objeto de un examen más detallado a medida que avance la investigación judicial. Cabe destacar que, en este caso de violencia de género, no había denuncias previas ni registros de malos tratos por parte de la víctima.

La investigación sigue su curso en la sede judicial correspondiente, donde se están recolectando todas las pruebas necesarias para esclarecer los hechos. Los eventos, que tuvieron lugar alrededor de la 1:00 p.m., se desarrollaron en una vivienda de la calle Cirilo Montero, donde la víctima recibió una apuñalada mortal en el abdomen.

Tras el ataque, el sospechoso fue detenido y posteriormente trasladado al hospital, según confirmó el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha.

La Consejería de Igualdad ha señalado que la víctima había estado en contacto con el Centro de la Mujer de Torrijos desde el pasado octubre, aunque no había formalizado ninguna denuncia ni contaba con medidas de protección en su situación.

En un comunicado, el Gobierno regional ha anunciado su intención de intervenir en el proceso judicial, una decisión avalada por la consejera de Igualdad, Sara Simón, en una declaración emitida este jueves.