TOLEDO, 25 de noviembre. La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital destinará un budget de 303 millones de euros para el año 2025, lo que representa un incremento del 11% en comparación con el año anterior, según ha anunciado el consejero Juan Alfonso Ruiz Molina. Este monto incluye tanto el presupuesto de la Consejería como el de la Agencia de Transformación Digital, reflejando así un compromiso renovado con el avance tecnológico en la administración pública.

Durante una rueda de prensa previa a su intervención en la comisión parlamentaria, Ruiz Molina ha compartido una de las principales novedades: la creación de una nueva sección presupuestaria dedicada a la Agencia de Transformación Digital. Este organismo, autónomo desde su puesta en marcha en octubre, aglutina funciones que anteriormente eran gestionadas por la Viceconsejería de Administración Digital y por la Dirección General de Salud Digital del Sescam.

Ruiz Molina enfatizó que la Agencia de Transformación Digital "no supone ningún incremento de gastos", sino que busca "centralizar en una sola entidad las competencias tecnológicas que hemos estado desarrollando desde la Administración General y el Servicio de Salud". Este enfoque promete optimizar los recursos y fortalecer la estrategia digital del gobierno regional.

El presupuesto propuesto tiene la ambición de alcanzar metas "muy significativas". En el ámbito tecnológico, se destinarán 176 millones de euros a la agencia, que tiene como objetivo "implementar la hoja de ruta establecida en materia de tecnología", enfocándose en una administración completamente digitalizada y personalizada. Este esfuerzo busca modernizar de manera efectiva los servicios públicos de la región.

Además, la Consejería planea continuar con un plan de capacitación digital que ayuda a cerrar la brecha digital, permitiendo a la ciudadanía beneficiarse de la tecnología, especialmente en sus interacciones con la administración. "Crearemos las condiciones necesarias para fomentar la confianza en el uso de medios electrónicos, lo que incluye un refuerzo en el área de ciberseguridad", afirmó el consejero.

La innovación también será impulsada a través de la colaboración público-privada en tecnologías avanzadas que promuevan el desarrollo tecnológico en la región. La salud digital será otro foco de atención, con el objetivo de facilitar el trabajo de los profesionales sanitarios y mejorar la atención a la ciudadanía.

En cuanto a la gestión de recursos financieros, la Consejería de Hacienda tiene como meta seguir reduciendo la proporción de deuda en relación al Producto Interior Bruto (PIB) regional. Esto refleja un compromiso serio con la estabilidad económica en un contexto global desafiante.

El ámbito de los recursos humanos continuará centrado en consolidar el empleo público, disminuyendo la tasa de interinidad y asegurando que "el personal empleado público no será nunca más una moneda de cambio" en el contexto financiero de la región. Ruiz Molina destacó que el presupuesto incluye un aumento retributivo del 0,5% vinculado a la inflación, efectivo desde 2025 con efectos retroactivos de enero de 2024, además de prever un incremento mínimo del 2% para los empleados públicos en 2025.

El presupuesto también contempla los gastos relacionados con los procesos de selección que se realizarán en diciembre, donde se ofrecerán un total de 2.306 plazas. Estos se sumarán a los procesos de selección en los sectores de sanidad y educación, promoviendo así la estabilidad laboral en Castilla-La Mancha.

En el ámbito de protección ciudadana, el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá aumentando las inversiones en seguridad, con un incremento superior al 5% en el presupuesto, alcanzando más de 15 millones de euros. Este compromiso refleja una prioridad en la protección civil y la seguridad comunitaria.

Por último, el consejero de Hacienda expresó su satisfacción por poder presentar el presupuesto "en tiempo y forma", lo que representa un signo positivo de la estabilidad institucional y política en la región. También dejó claro que no habrá cambios en las figuras tributarias bajo competencia de la administración regional.

Sin embargo, esta presentación no estuvo exenta de críticas. El diputado de Vox, David Moreno, cuestionó al presidente Emiliano García-Page por destinar "200 millones de euros" a la Agencia de Transformación Digital en lugar de priorizar el desarrollo económico o el refuerzo de servicios públicos. Señaló que la administración prefiere "despilfarrar" en proyectos que, en su opinión, no mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Moreno argumentó que el enfoque del presidente refleja una gestión irresponsable, dependiente del endeudamiento, al tiempo que los ciudadanos enfrentan un aumento de impuestos y servicios públicos cada vez de menor calidad. También mencionó la introducción del "impuestazo del canon del agua", cuya recaudación se desconoce y que empezará a cobrarse en enero de 2025.

Desde el Partido Popular, el parlamentario Santiago Serrano criticó el aumento de ingresos debido a la "imposición" del canon del agua y un nuevo impuesto sobre vertederos. Indicó que estos gravámenes elevarán la presión fiscal y obligarán a los ayuntamientos a asumir el rol de recaudadores para la Junta.

Serrano también desmintió el "discurso triunfalista" del gobierno regional sobre la reducción de la deuda, señalando que, desde la llegada de García-Page al gobierno, la deuda ha aumentado en más de 3.000 millones de euros. Para él, el presupuesto para 2025 no aborda las realidades socioeconómicas de Castilla-La Mancha, evidenciando un descenso considerable en la inversión.

En respuesta, el diputado del PSOE, Fernando Mora, subrayó que "Castilla-La Mancha va bien a pesar del PP y de Vox", a quienes acusó de intentar imponer su propia agenda. Mora afirmó que estos partidos ignoran las particularidades de la región y cuestionó su tendencia a compararla con otras comunidades, una práctica que considera absurda.

Mora destacó la estabilidad actual de la región y el compromiso del gobierno hacia empresas y trabajadores, con la promesa de no aumentar impuestos, además de implementar bonificaciones para aquellos con dificultades económicas. Así, el debate sobre el presupuesto refleja no solo las prioridades económicas y sociales de Castilla-La Mancha, sino también un enfrentamiento constante entre las diferentes visiones de gobernanza y desarrollo regional.