CIUDAD REAL, 27 de febrero.

El próximo 3 de marzo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real llevará a cabo el juicio contra B.O.F., un empresario que enfrenta graves acusaciones por la agredida sexualmente de una trabajadora de su empresa, cuya discapacidad psíquica está reconocida en un 65%. La fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión por este asombroso caso de abuso de poder.

De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Europa Press, la víctima era empleada en la empresa de limpieza vinculada al acusado y sostuvo una relación amorosa con él entre 2019 y 2023, que se caracterizaba por encuentros regulares en los lugares de trabajo donde ella realizaba sus funciones.

La imputación presentada por el Ministerio Público indica que, entre julio de 2022 y febrero de 2023, estos encuentros pasaron a ser de carácter sexual, llevándose a cabo en distintos espacios, incluyendo comunidades de vecinos, la oficina del acusado y el hogar familiar de B.O.F. mientras su familia no se encontraba presente.

La fiscalía alega que el empresario, plenamente consciente de la vulnerabilidad de la trabajadora, habría usado su posición para involucrarse en relaciones sexuales no consentidas, incluyendo prácticas de sexo oral, explotando su situación de desventaja.

El informe médico forense que acompaña la acusación señala que la denunciante no estaba en condiciones adecuadas para dar su consentimiento de manera libre a tales actos, debido a su condición psiquiátrica y su circunstancia de ser influenciable, particularmente en el contexto de una relación con su superior.

Ante la gravedad de estos delitos, el Ministerio Público demandará no solo la pena de prisión, sino también medidas accesorias que incluyen una indemnización de 30.000 euros para la víctima. Asimismo, se solicita que se restrinja cualquier proximidad del acusado a más de 200 metros de su entorno personal y laboral, así como una prohibición de comunicación durante un periodo de 20 años.

Adicionalmente, la fiscalía está pidiendo la inhabilitación del acusado para cualquier actividades que le vinculen directamente con menores durante las dos próximas décadas y la implementación de un régimen de libertad vigilada por un periodo de 10 años después de cumplir su condena.