ALBACETE, 4 Dic.

Con el objetivo de poner en evidencia el conflicto duradero con la empresa SPS, encargada del servicio de limpieza y lavandería en la residencia de personas mayores Alcabala de Albacete, las trabajadoras afectadas han participado en el primer paro parcial convocado como parte de una serie de tres, en respuesta a lo que consideran un nuevo abuso por parte de la empresa.

"Dado que no podemos presentar más demandas contra la empresa SPS debido a que todo está judicializado por diversas cuestiones, como los pluses y la antigüedad, lo que ha colmado el vaso es que ahora la empresa pretende imponer a las trabajadoras los días de vacaciones", explicó Gloria Lozoya, responsable de CCOO Hábitat.

"Esta es la razón por la cual no nos ha quedado otra opción que convocar una hora de huelga, ya que los juicios tardarán alrededor de un año y medio, y el tema de las vacaciones no puede esperar. Convocamos una hora de huelga para no perjudicar a los usuarios de la residencia, que son personas mayores", informó el sindicato en un comunicado de prensa.

Aunque son 17 las trabajadoras de la residencia Alcabala afectadas por la decisión unilateral de la empresa de establecer cuándo pueden tomar vacaciones, también se unieron a la concentración trabajadoras de otros centros como el Hospital Quirón y Santa Cristina, ya que también son afectadas por los constantes incumplimientos del convenio por parte de la empresa.

Por su parte, Carmen Olivas, responsable de la Federación de Servicios, que incluye a las trabajadoras de la cocina, recordó que el sindicato "ha estado luchando desde agosto de 2022 porque no les aplican el convenio que les corresponde, que es el de restauración colectiva, y les están aplicando el convenio de hostelería de manera inadecuada".

"De hecho, les están pagando el salario base, lo que significa que estas trabajadoras ganan entre 800 y 900 euros al mes, sin llegar siquiera al salario mínimo interprofesional", denunció Olivas.

Además de los incumplimientos, desde CCOO han denunciado la actitud y la "cerrazón" de la empresa, que en ocasiones ni siquiera se ha presentado a las mediaciones, lo que supone una absoluta falta de respeto hacia las trabajadoras.

Finalmente, Dolores Vera, miembro del comité de empresa y trabajadora de la residencia, ha reconocido el "desánimo" que sienten las trabajadoras. "Al igual que nosotras cumplimos con todas nuestras obligaciones para ofrecer un buen servicio, a pesar de lo difícil que es vivir con un sueldo de 900 euros, exigimos que la empresa cumpla con sus obligaciones y acate el convenio", concluyó Vera.