En un momento crítico para el PSOE, el partido se enfrenta a un intenso debate sobre la financiación autonómica, justo cuando se acercan las elecciones en varias comunidades, como Aragón, Castilla y León y Andalucía. Diversas federaciones socialistas han comenzado a expresar su disconformidad respecto al nuevo acuerdo propuesto por el Gobierno, lo que revela profundas divisiones internas.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado un nuevo modelo de financiación que ha suscitado recelos en varias partes del partido. Algunas federaciones cuestionan las concesiones al independentismo catalán y sienten que no se han tenido en cuenta adecuadamente los intereses de sus territorios.

A pesar de las críticas, algunos líderes del PSOE, especialmente desde Ferraz y las federaciones afines a la dirección federal, resaltan las ventajas del nuevo modelo, argumentando que resultará en un aumento de recursos para todas las comunidades. Este asunto se perfila como un tema central en las próximas campañas electorales.

Uno de los miembros del partido más crítico ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien ha solicitado incluso la convocatoria anticipada de elecciones generales, acusando al Gobierno de permitir que los independentistas influyan en el reparto de los recursos del país.

Según Page, Montero se ha esforzado por justificar un sistema que considera incoherente, a pesar de que la ministra aseguró que se destinarán 20,000 millones de euros adicionales a las comunidades, con la promesa de que todas recibirán más recursos.

El modelo ha encontrado apoyo en ERC, que ha enfatizado la importancia de mantener el principio de ordinalidad; es decir, que las comunidades que más aportan también sean las que más reciben. Sin embargo, hay incertidumbre sobre cómo se aplicará este principio en comunidades como Madrid, a pesar de la claridad en el caso de Cataluña.

El Principado de Asturias, aunque comparte algunas reservas sobre el nuevo modelo, ha adoptado una postura más moderada. Su consejero de Presidencia, Guillermo Peláez, ha indicado que esperarán a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para obtener más detalles sobre el acuerdo.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, se mantiene en silencio por el momento, aunque en un mensaje reciente advirtió que sólo aceptará un acuerdo de financiación que sea equitativo y que aporte más recursos a su comunidad.

Por su parte, el PSOE en Castilla y León ha criticado fuertemente la propuesta de financiación, considerándola "insuficiente e injusta". El secretario de la federación, Carlos Martínez, manifestó que el acuerdo no responde adecuadamente a las necesidades de la comunidad, a pesar de que se le otorgarían 271 millones de euros adicionales.

En Aragón, la candidata del PSOE y exministra Pilar Alegría ha defendido el nuevo acuerdo, subrayando que su comunidad recibirá más fondos que con el sistema anterior. Alegría será la primera en hacer frente a las elecciones, que se celebrarán el 8 de febrero, y ha exigido al actual presidente, Jorge Azcón (PP), que aclare cómo planea invertir esos 630 millones de euros en lugar de crear tensiones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por su parte, María Jesús Montero, figura central en la implementación de este nuevo modelo y candidata socialista en Andalucía, ha defendido que el acuerdo propone un enfoque más solidario y beneficioso para todas las comunidades, justo antes de las elecciones que se celebrarán en junio.

Desde la dirección nacional, Ferraz ha iniciado una ofensiva para mostrar los beneficios de un modelo que, según aseguran, inyectará más de 20,000 millones de euros en recursos adicionales para las comunidades autónomas y reducirá las brechas económicas entre ellas. Además, señalan que esto promoverá una mayor solidaridad entre regiones, con un trasvase de 3,000 millones entre comunidades más ricas y aquellas con menos recursos, así como un fondo adicional de 1,000 millones destinado a combatir el cambio climático.