El proyecto del silo en Villar de Cañas queda completamente descartado con la aprobación del VII Plan de Residuos Nucleares.

El proyecto del silo en Villar de Cañas queda completamente descartado con la aprobación del VII Plan de Residuos Nucleares.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Este plan marca un giro definitivo al descartar la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) y establece un calendario para el cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035. Además, se prevé un coste de 20.200 millones de euros que serán sufragados por los titulares de las instalaciones nucleares.

En línea con este plan, el Gobierno ha dejado sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) como ubicación para el ATC. El VII PGRR establece la política del Gobierno en cuanto a la gestión de los residuos radiactivos, el desmantelamiento y el cierre de las instalaciones nucleares.

En relación al cierre de las centrales nucleares, mientras el sexto PGRR preveía su desaparición entre 2021 y 2028, ahora se extenderá entre 2027 y 2035. Además, el nuevo plan establece que el desmantelamiento de las centrales nucleares comenzará tres años después de su cese definitivo, excepto en el caso de Vandellós I, que se llevará a cabo a partir de 2030.

En lugar del ATC, el plan contempla la creación de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada una de las centrales nucleares, para el almacenamiento del combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su posterior traslado a un almacenamiento definitivo. Cada ATD estará compuesto por un Almacén Temporal Individual (ATI) propio de cada central, junto con una instalación complementaria o medidas adicionales que permitan llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de los contenedores donde se almacena el combustible gastado cuando la central haya dejado de operar.

Además, el plan contempla la ampliación de la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales nucleares, permitiendo así tanto su explotación como su posterior desmantelamiento. Todo esto ya estaba previsto en el sexto plan de residuos. También se plantea la construcción de un Almacén Geológico Profundo (AGP) como solución técnica para el almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad, una medida que ya estaba prevista en el sexto plan de residuos.

El MITECO destaca que el séptimo plan establece una hoja de ruta para que España disponga de un AGP, asegurando un proceso previo de información y participación pública, siguiendo el ejemplo de otros países europeos como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia. Asimismo, el plan prevé el funcionamiento del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para los residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales, tal y como ya estaba contemplado en el sexto plan.

La tramitación de este séptimo plan, que comenzó en 2020, ha contado por primera vez con una evaluación ambiental estratégica, incluyendo una fase de consultas e información pública. Además, ha sido sometido a informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de las comunidades autónomas. Este plan reemplaza al aprobado en 2006, que debería haber sido actualizado en 2015.

El MITECO asegura que este plan está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que establece la hoja de ruta para que España cumpla con los objetivos europeos en términos de clima y energía. También está en línea con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y los propietarios de las centrales nucleares.

En cuanto al coste futuro de 20.200 millones de euros, según el principio de "quien contamina, paga", será sufragado a través del Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y financiado por los titulares de las instalaciones nucleares. El Gobierno informará de la aprobación de este plan tanto a las Cortes como a la Comisión Europea.

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