El Instituto Vasco de la Memoria revela que 41 castellanomanchegos fueron encarcelados en la prisión franquista de Orduña.
Se están tomando medidas significativas para reconocer la importancia histórica de Orduña como un Lugar de Memoria y para llevar a cabo un acto conmemorativo impactante en Castuera en honor a las víctimas del régimen franquista.
Desde Bilbao, el Instituto vasco de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora ha declarado su compromiso de trabajar codo a codo con las diputaciones de Extremadura bajo el respaldo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. El objetivo principal de esta colaboración es localizar a los familiares de 120 republicanos extremeños que perdieron la vida entre 1937 y 1941 en la prisión de Orduña, situada en Bizkaia, y que, además, se busca identificarlos a través de análisis de ADN.
Alberto Alonso, director de Gogora, explicó a Europa Press las diversas iniciativas que se están emprendiendo. Entre ellas, se pretende que Orduña sea declarada oficialmente como Lugar de Memoria Democrática, así como la señalización con placas de las obras realizadas por los prisioneros que allí sufrieron trabajos forzados. Asimismo, se planea un acto de gran relevancia en Castuera, Badajoz, para honrar a las víctimas extremeñas que fueron trasladadas desde esa prisión a la cárcel en Bizkaia.
Alonso recalcó el apoyo del secretario de Estado, Fernando Martínez López, quien está creando un contexto propicio para llevar a cabo estas importantes acciones. Además, cuenta con el respaldo del alcalde de Castuera, Francisco Martos, quien ha mostrado un gran compromiso con el proyecto.
Es relevante señalar que de los cerca de 4,000 prisioneros que estuvieron registrados en la Prisión Central de Orduña, que en su momento sirvió como campo de concentración, más de la mitad eran originarios de Extremadura. De los 225 reclusos que fallecieron entre 1937 y 1941, 127 eran de esta comunidad, incluyendo 125 de Badajoz y 2 de Cáceres.
Entre los demás fallecidos, 41 eran procedentes de Castilla-La Mancha, 22 se trasladaron desde la prisión de Málaga, siete de Tarragona, y los restantes 28 pertenecían a otras provincias del país. Gogora ha elaborado un listado que incluye nombres, apellidos, lugares de origen y fechas de muerte de estos prisioneros, quienes fueron enterrados de manera ordenada, en lugar de en fosas comunes. A pesar de haberse exhumado una cantidad significativa de restos, solo se ha logrado identificar a siete de ellos y devolvérselos a sus familias.
La mayoría de estos prisioneros fueron transportados desde el campo de concentración de Castuera, a más de 700 kilómetros de distancia, en condiciones inhumanas. Eran tratados como ganado en los trenes que los llevaban hacia su destino y sufrieron en el penal de Orduña, donde la negligencia alimentaria y la explotación eran la norma. Alonso subrayó que los alimentos destinados a los reclusos frecuentemente eran revendidos en el mercado negro por los administradores de la cárcel.
Documentación testimonial revela que, según los informes de testigos, en la cárcel salían diariamente cajas, y un inspector falangista una vez describió a los prisioneros como "muertos vivientes".
En el plan de Gogora está la ampliación del Columbario de la Dignidad de Orduña, inaugurado en julio de 2022, donde se depositan los restos tanto de los prisioneros no identificados como de aquellos cuyos restos sí han sido reconocidos, pero cuyos familiares han optado por que permanezcan allí.
Esta iniciativa se realiza en colaboración con el Ayuntamiento de Orduña y forma parte del Programa de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante la Guerra Civil de Gogora. La Sociedad de Ciencias Aranzadi está llevando a cabo labores de exhumación y antropología forense, mientras que el laboratorio genético de la UPV/EHU Biomics es el encargado de realizar las identificaciones genéticas mediante el análisis de ADN.
Hasta ahora, solo se ha logrado identificar a siete presos extremeños. Su objetivo es contactar con tantos familiares como sea posible de estos prisioneros, cuyos nombres y lugares de origen se conocen, para que puedan proporcionar muestras de ADN y facilitar la identificación de los restos. Como destacó Alonso, "Estas personas vivieron un drama espectacular y se lo merecen. El mejor final para ellos es retornar a sus familias".
Sin embargo, el director de Gogora reconoció que la tarea es compleja, dado que implicará coordinar esfuerzos con diferentes instituciones y asociaciones dedicadas a la memoria histórica en Extremadura para encontrar a los descendientes de los fallecidos.
La tarea se complica aún más debido al tiempo que ha pasado, la calidad del ADN que puede ser extraído de los restos y el grado de parentesco de quienes donan sus muestras, factores que son cruciales para lograr la identificación genética.
Alonso afirmó que es esencial localizar la mayor cantidad posible de parientes de estos prisioneros. "Hablamos de nietos y sobrinos, entre otros, pero si logran unirse, podrán completar el ADN y tener certeza de sus identidades", enfatizó. Aunque hay sospechas sobre el linaje, el objetivo es garantizar que los restos sean finalmente entregados a las familias adecuadas.
El director de Gogora también destacó la colaboración del Ayuntamiento de Orduña y la disposición de los habitantes locales, quienes han hecho esfuerzos significativos para buscar a las familias de los fallecidos, llegando incluso a viajar a Badajoz en sus vacaciones para hacerlo "puerta a puerta".
En un primer momento, el Instituto vasco se enfocará en realizar campañas en Extremadura, donde se concentra la mayoría de los prisioneros que murieron en Orduña, pero a largo plazo, planean extender sus esfuerzos a otras comunidades, como Castilla-La Mancha.
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