En el contexto de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno de España ha reafirmado su compromiso con una reforma integral de la financiación que promueva un equilibrio entre la multilateralidad y la bilateralidad, en un esfuerzo por fortalecer la cohesión territorial. Este encuentro, celebrado en Toledo el 13 de diciembre, sirvió como plataforma para que el Ejecutivo de Sánchez anunciara la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se llevará a cabo en enero, objetivo que incluye la discusión sobre la condonación de la deuda de las comunidades autónomas de régimen común, un acuerdo previamente pactado con ERC.

Las fuentes vinculadas al Gobierno han señalado que la reunión con los presidentes autonómicos no solo se centrará en la condonación de la deuda, sino que también abrirá el debate sobre la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica. Esta reforma es vista como una oportunidad crucial para rediseñar un modelo que no solo garantice la sostenibilidad financiera de las comunidades, sino que también promueva una mayor equidad en la distribución de recursos entre ellas.

Además, el Ejecutivo ha hecho un llamado a las comunidades autónomas para que trabajen conjuntamente en la creación de un nuevo marco financiero que, según han indicado, "conciliará los principios de multilateralidad y bilateralidad, blindará la solidaridad entre territorios y asegurará que todas las comunidades autónomas reciban más recursos que los que perciben en la actualidad". Esta propuesta, con la que se busca responder a las desigualdades en el acceso a los fondos, promete ser un hito en la política territorial de España.

Por otra parte, el Gobierno ha instado a las comunidades a reprogramar parte de los fondos europeos con el fin de proporcionar apoyo adicional a las regiones que han sufrido los embates de la DANA, las inundaciones que afectaron a varias zonas. Esta posibilidad, ya contemplada en la normativa europea, se presenta como una vía efectiva para reforzar las iniciativas ya en marcha tanto a nivel estatal como autonómico. Según el Ejecutivo, este apoyo adicional es esencial para la recuperación y revitalización económica de los territorios más afectados por esta catástrofe natural.