El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros, por iniciativa del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la distribución de 783,2 millones de euros para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Esta cifra se mantiene igual que el año anterior debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La aprobación de esta cantidad supone un récord histórico para el financiamiento del SAAD en 2023, con un incremento de hasta 500 millones de euros respecto al año 2021.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, destacó que en años anteriores, durante el gobierno del Partido Popular en 2012, se produjo un importante recorte en el sistema de dependencia en España, el cual ha sido revertido gradualmente por el actual Gobierno.

Alegría resaltó que la inversión permitirá atender a más de un millón y medio de personas que requieren asistencia a través del sistema de dependencia. Además, el ministro Pablo Bustinduy afirmó que la Dependencia es una prioridad para el Gobierno, con la meta de aumentar la financiación hasta cubrir el 50% en cada territorio en los próximos años.

El Gobierno tiene como objetivo implementar la Estrategia Estatal de Desinstitucionalización para priorizar los cuidados profesionales a domicilio y en entornos comunitarios, en lugar de las macrorresidencias.

El reparto de los más de 783 millones de euros también se basa en criterios como el número de personas atendidas, la reducción de las listas de espera, la mejora de las condiciones laborales del personal del sector y el gasto ejecutado por cada comunidad autónoma en este ámbito.

La distribución de estos fondos se realiza a través del mecanismo del "nivel acordado", que permite la distribución de créditos entre las comunidades autónomas mediante convenios suscritos con el gobierno central.

Este reparto contempla asignaciones para cada comunidad autónoma, siendo Andalucía la más beneficiada con 142,5 millones de euros, seguida de Cataluña con 107,7 millones.

Este proceso de distribución fue debatido con las comunidades autónomas y diversas entidades antes de elevarse para su aprobación definitiva en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales resaltan que la financiación a través del "nivel acordado" fue suspendida en 2012 y reinstaurada en 2021 por el actual Gobierno, tras esfuerzos para hacer frente al déficit financiero del sistema, el cual se espera incrementar en los próximos años con la aprobación de nuevos presupuestos.