24h Castilla-La Mancha.

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"El Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza la integridad pública con una nueva ley para altos cargos"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso crucial en la garantía de la integridad de sus altos cargos en la gestión pública con la aprobación de una nueva ley que busca fortalecer la transparencia y el buen gobierno en la comunidad autónoma. El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, ha manifestado su confianza en que la propuesta sea aprobada por las Cortes regionales en el actual periodo de sesiones.

Esta nueva normativa, denominada Ley de Integridad Pública de Castilla-La Mancha, fue aprobada por el Consejo de Gobierno y pronto será enviada a las Cortes para su proceso de tramitación y aprobación, siempre buscando el consenso máximo entre las diferentes fuerzas políticas.

En palabras del vicepresidente primero, Castilla-La Mancha ha sido pionera en materia de transparencia desde sus inicios como comunidad autónoma. Esta ley viene a consolidar el marco jurídico existente para garantizar la honestidad en la gestión pública, la transparencia en la toma de decisiones y la participación activa de los ciudadanos en asuntos de interés público.

Desde la primera legislatura se han aprobado leyes como la de Transparencia y Buen Gobierno, seguida por la Ley de Participación Ciudadana en la segunda legislatura. Ahora, en esta tercera etapa, se busca impulsar la Ley de Integridad Pública para dotar de mayores herramientas de control y vigilancia en la gestión de los altos cargos.

Entre las nuevas obligaciones que contempla esta ley se encuentra la presentación de una Declaración responsable de no estar involucrado en situaciones de incompatibilidad al asumir un cargo público, así como la inhibición en decisiones relacionadas con entidades privadas con las que puedan existir conflictos de intereses. Asimismo, se controlará la realización de actividades privadas tras el cese de los altos cargos para evitar prácticas de puertas giratorias.

Además, se establece la obligatoriedad de que, tras cada convocatoria electoral, los miembros del Gobierno regional realicen una declaración sobre su situación patrimonial ante la Oficina de Integridad, con el fin de evaluar posibles diferencias entre el momento de su nombramiento y la actualidad. Esta información será publicada en el Portal de Transparencia para conocimiento público.