TOLEDO, 5 de febrero. En un nuevo giro en la tramitación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el Partido Popular (PP) ha decidido revisar su postura inicial sobre la cantidad de diputados que deberían elegirse para las Cortes regionales. Este cambio se produce a través de enmiendas parciales presentadas en el Congreso, donde ahora pretende mantener el número de escaños en un rango más restringido que el previamente acordado, limitándolo a entre 25 y 35, en lugar de la horquilla de 25 a 59 que se había pactado anteriormente con el PSOE.

El debate sobre el número de representantes ha sido, desde el principio, un tema de tensión palpable entre el PP y el PSOE, quienes han sido los protagonistas del acuerdo para reformar el Estatuto. Aunque este fue solo uno de los más de 40 puntos planteados en el proyecto, la serie de desavenencias no ha dejado de crecer entre las dos formaciones.

Ambos partidos habían convenido durante el proceso legislativo en fijar la franja de representación entre 25 y 59 escaños. Sin embargo, esta porción no alteraría en nada los 33 asientos actuales, y cualquier modificación futura requeriría una mayoría cualificada de tres quintos en la Cámara. Esta suerte de “escudo” que se había establecido ahora parece estar en la cuerda floja.

Después de la aprobación del pacto en las Cortes de Castilla-La Mancha, el texto del Estatuto llegó al Congreso en noviembre, donde recibió un amplio respaldo, logrando 288 votos a favor y solo 34 en contra. Este miércoles, el plazo para la presentación de enmiendas concluyó y se han registrado almost cien propuestas de varios grupos, incluyendo Sumar, PP, PSOE, y Vox, aunque este último ha manifestado su oposición, argumentando que el cambio solo llevaría a un incremento en la burocracia regional.

Vox, liderado por Santiago Abascal, ha tomado la delantera en la crítica, señalando que su oposición ha forzado al PP a modificar su postura sobre el número de escaños. A pesar de su rechazo inicial al texto, ahora han presentado 33 enmiendas que incluyen la limitación de mandatos para el presidente regional y la eliminación de burocracia innecesaria.

Por otro lado, el PSOE ha preparado alrededor de 20 enmiendas, mayoritariamente de carácter técnico pero que son acompañadas por propuestas importantes como la protección de los derechos LGTBIQ+ y la relevancia de la Universidad de Castilla-La Mancha en la región. Mientras tanto, Sumar ha sido el primero en actuar, presentando enmiendas que buscan garantizar el derecho al aborto y establecer un mínimo de 40 diputados en las Cortes.

Podemos, que se ha alineado con el Grupo Mixto, también ha elaborado un conjunto de 18 enmiendas que hacen énfasis en la protección del medio ambiente y la memoria histórica, proponiendo entre otras cosas la posibilidad de un sistema electoral que permita la elección de hasta 100 parlamentarios mediante una circunscripción única.

El PP, además de las enmiendas mencionadas, ha presentado una serie de propuestas para introducir valores como la dignidad y el libre desarrollo personal en el Estatuto, así como una política de vivienda que proteja la seguridad jurídica en casos de ocupaciones ilegales.

A raíz de esta situación, el PSOE ha señalado a Miguel Tellado, secretario general del PP, como el arquitecto detrás de estas enmiendas, acusándolo de utilizar Castilla-La Mancha como peón en una estrategia electoral para contener el avance de Vox en otras regiones. "Es lamentable que por un juego de intereses, se esté poniendo en riesgo el futuro de nuestra comunidad", expresan desde el PSOE.

Vox, por su parte, se congratula de haber influido en el cambio de dirección del PP y ha reiterado que su postura firme contra un aumento del número de diputados es una cuestión de responsabilidad hacia los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

Desde Sumar, advierten que la posible fractura del pacto no debe convertirse en una excusa para desviar la atención de los problemas que verdaderamente afectan a la población. "Este episodio pone de manifiesto que el PP antepone su agenda a las necesidades ciudadanas, eligiendo alinearse más con Vox que con los intereses de la gente", afirmaron.

Por su parte, Podemos ha instado al PSOE a reflexionar sobre el acuerdo con el PP, sugiriendo que las traiciones eran predecibles. "Este es un momento crucial para que las fuerzas democráticas se unan y presenten una respuesta contundente a estas maniobras", argumentan.

Izquierda Unida ha ofrecido colaborar con el PSOE en la búsqueda de nuevos aliados en el Congreso para promover la reforma del Estatuto, especialmente tras la enmienda presentada por el PP que limita la flexibilidad en el número de representantes. La propuesta de IU consiste en abrir canales de diálogo para avanzar en un Estatuto que supere el acuerdo insuficiente alcanzado entre el PP y el PSOE.

Desde el PP, desmienten las acusaciones del PSOE de que existió una estrategia planificada desde la dirección nacional para desestabilizar el acuerdo. "No se puede culpar a nuestra formación de querer romper negociaciones que han sido impulsadas por nuestros representantes aquí en la región", concluyen.

Con la presentación de las enmiendas, el próximo paso involucra la reunión de la Ponencia de la Comisión Constitucional, que discutirá a puerta cerrada posibles modificaciones, antes de abrir el debate en sesión pública sobre el texto y las enmiendas restantes, seguido de la votación final en el Pleno.