El Tribunal Constitucional (TC) está listo para abordar de manera formal en su próxima sesión plenaria, que comenzará este martes, los recursos interpuestos por diversas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) y el Gobierno socialista de Emiliano García-Page de Castilla-La Mancha. A estos se suman las tres preguntas planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en relación a la ley de amnistía. Esta información ha sido corroborada por fuentes de esta corte de garantías, consultadas por Europa Press.

Según el orden del día establecido, se procederá a evaluar la viabilidad de los recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados desde regiones como Aragón, Madrid, Galicia, Andalucía, Valencia, Extremadura, La Rioja, las Islas Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha, así como por los gobiernos y parlamentos de Cantabria y Murcia.

Las mismas fuentes indican que el Pleno actuará de forma similar a cómo lo hizo con el primer recurso formulado por una comunidad autónoma, en este caso, el de las Cortes de Aragón, que fue admitido a trámite. Los magistrados determinaron, por unanimidad, que las comunidades tienen la legitimidad necesaria para recurrir la legislación de amnistía.

No podemos olvidar que el primer recurso de inconstitucionalidad contra esta legislación, que busca amnistiar a quienes participaron en el 'procés', fue el que firmaron diputados del PP.

Además, en la agenda del Pleno se incluye el análisis de las tres cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por el TSJ catalán, a lo que se suma el hecho de que el TC ya había avanzado en la evaluación de una pregunta formulada previamente por el Tribunal Supremo.

Por lo tanto, tras este Pleno, que será el último del año, todos los asuntos vinculados a la amnistía quedarán formalmente admitidos para su tramitación, dejando la decisión definitiva sobre la constitucionalidad de la ley para 2025, según han indicado las fuentes consultadas.

En otro sentido, los magistrados también determinarán que el Pleno se encargue de decidir si se admitirán los recursos presentados por la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal Eduardo Esteban Rincón. Estos cuestionan las sentencias del Supremo que anularon la promoción de Delgado a la máxima categoría en la carrera fiscal, así como el nombramiento de Rincón como fiscal de sala coordinador de menores.

La resolución sobre la admisión de estos asuntos debió ser tratada anteriormente en las salas Primera y Segunda, que se convocaron a principios de diciembre. Sin embargo, tres magistrados de la facción conservadora del TC solicitaron que se discutieran en Pleno, propiciando su elevación. Las fuentes consultadas sugieren que se espera que el Pleno asuma la revisión de la admisibilidad para pronunciarse sobre este tema en un futuro próximo.

Desde la sede del TC en Domenico Scarlatti, se anticipa que el verdadero debate se producirá en ese momento, cuando los magistrados se decidan sobre la admisión de los recursos. Esto se da en un contexto donde los informes de los letrados advierten que no se cumplen los requisitos que permitirían su entrada al Constitucional, argumentando que las sentencias desafiadas no son arbitrarias y están debidamente fundamentadas.

El Supremo ha anulado en varias ocasiones la promoción de Delgado a fiscal de sala, al considerar que existió una "desviación de poder" por parte del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; sin embargo, finalmente se ratificó su cargo actual en la fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos.

Respecto a Esteban Rincón, el TS anuló en 2022 su designación como fiscal coordinador de menores, al acusar a Delgado de no justificar en su nombramiento las diferencias de experiencia y méritos en temas de derecho de menores. A pesar de su intento de remediar esta situación, el Supremo volvió a decidir a favor de la impugnación presentada por la Asociación de Fiscales y otros aspirantes.

El Supremo critica que la justificación ofrecida por Delgado tras su primer nombramiento no cumplió con lo que se esperaba, ya que, según la sala, “no se ha satisfecho en absoluto lo exigido”.

Además, el Pleno revisará una treintena de recursos de amparo relacionados con las decisiones del TS que han negado al Estado la obligación de indemnizar a los negocios que sufrieron por las restricciones durante la pandemia. Estas sentencias consideraron que dichas medidas eran necesarias y proporcionales.

En una sentencia emitida el 14 de julio de 2021, el TC declaró inconstitucional el confinamiento impuesto por el Gobierno en el primer estado de alarma, abriendo la posibilidad a futuras reclamaciones. No obstante, clarificaron que la inconstitucionalidad por sí misma no es suficiente para fundar demandas de responsabilidad patrimonial.

A pesar de esa apertura, el artículo 3.2 de la Ley Orgánica de los estados de alarma establece que quienes sufran daños como consecuencia de esas medidas tendrán derecho a ser indemnizados. Sin embargo, el Supremo, en 2023, descartó que el Estado debiera indemnizar al sector de la hostelería por los cierres definidos durante la pandemia.

Fuentes del TC precisan que, tras el posicionamiento del Supremo, han llegado numerosos recursos de amparo que han sido asignados a distintos magistrados. Para evitar fallos discrepantes, se decidió examinarlos en conjunto y lograr un criterio unificado.

Las expectativas iniciales de los magistrados apuntan a la confirmación de las sentencias del Supremo. El primer paso será decidir si tramitar estos recursos de amparo o inadmitirlos directamente. Esta última posibilidad se ha considerado, sobre todo para no repetir el proceso que terminó rechazando las reclamaciones patrimoniales, tal como determinó previamente el TS.

Finalmente, en otro contexto, cabe destacar que la Sala Primera del TC se reunirá este lunes para analizar el recurso presentado por el ex presidente de Cataluña, Quim Torra, contra la decisión del Supremo que ratificó el acuerdo de la Junta Electoral Central, que en enero de 2020 declaró su inelegibilidad tras haber sido inhabilitado.

El TSJC había condenado a Torra a un año y medio de inhabilitación por mantener una pancarta en la fachada de la Generalitat en apoyo a los presos del 'procés', mientras que el Supremo desestimó el recurso planteado por el Parlament, concluyendo que no tenía competencia exclusiva para decidir sobre la retirada del acta de diputado en casos de incapacidad sobrevenida.