En Madrid, este 6 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado a conocer un plan de ayudas que asciende a la impresionante cifra de 10.600 millones de euros, diseñado para mitigar los efectos devastadores de la DANA. Este ambicioso paquete incluye no solo ayudas directas, sino también medidas fiscales y laborales, junto a líneas de avales respaldadas por el Gobierno, en una clara respuesta a la crisis que enfrentan pymes, autónomos y familias afectadas por esta catástrofe natural.

El contenido de este real decreto, que abarca casi 50 páginas y cuenta con las firmas del Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, detalla las medidas que fueron aprobadas por el Consejo de Ministros con la finalidad de restaurar la normalidad en las áreas golpeadas por este fenómeno meteorológico. Dichas medidas se inscriben dentro del 'Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento de la Comunitat Valenciana', un esfuerzo colectivo que busca no solo la recuperación, sino un impulso al desarrollo regional.

La puesta en marcha de este plan será efectiva a partir de mañana, y su contenido será presentado en el Congreso para su convalidación en un debate que promete captar la atención pública. Se prevé su aplicación en un total de 78 municipios, la gran mayoría de ellos situados en la Comunidad Valenciana (75 en la provincia de Valencia, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Andalucía). El Gobierno ha señalado que, aunque el paquete inicial se valora en 10.600 millones de euros, esta cifra podría ampliarse en función de las necesidades que vayan surgiendo.

Una de las novedades más significativas del paquete es la inclusión de una línea de avales denominada ICO-DANA, con una dotación de 5.000 millones de euros, que permitirá a pymes, autónomos y, por primera vez, también a familias, solicitar créditos con el respaldo del Gobierno para atender los gastos derivados de la catástrofe.

Dentro del conjunto de ayudas, el decreto prevé un notable incremento en las compensaciones públicas para diversos casos. Así, se cuadriplican las ayudas en situaciones de fallecimiento, incapacidad, y daños a enseres y viviendas, siendo de especial relevancia que no se establecerán límites de renta para acceder a estas. En particular, las ayudas por incapacidad alcanzarán hasta los 72.000 euros; la reparación de viviendas estará contemplada entre 20.000 y 60.000 euros; y se destinarán hasta 10.300 euros para la sustitución o restauración de muebles y electrodomésticos.

Además, se destinarán hasta 37.000 euros para reparar elementos en comunidades de vecinos que hayan sufrido daños. Desde el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, se comenzarán a abonar a partir de hoy las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo en el transcurso de la DANA.

Respecto a las ayudas directas para pymes y autónomos, se reserva un total de 838 millones de euros. Los trabajadores autónomos podrán recibir hasta 5.000 euros, mientras que las empresas podrán beneficiarse de ayudas que oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros, proporcionando una inyección económica vital para su continuidad. El Gobierno ha indicado que el proceso para solicitar estas ayudas es ágil, bastando con proporcionar el número de cuenta bancaria, lo que permitirá que los primeros desembolsos se realicen en menos de un mes a cerca de 65.000 autónomos y 30.000 empresas.

Asimismo, se introduce una prestación por cese de actividad que representa el 70% de la base de cotización para los autónomos afectados, quienes podrán acceder a esta ayuda sin necesidad de cumplir con los requisitos de cotización mínimos, asegurando que su futuro derecho a pensiones no se vea afectado.

Se establece también una incapacidad temporal extraordinaria para aquellos que han sufrido daños físicos o psicológicos debido a la DANA, clasificándose estos casos como accidentes laborales y garantizando a los afectados el 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. También se contempla un incremento del 15% durante tres meses para quienes perciban el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas.

Gracias a la reforma laboral, las empresas que se vean obligadas a suspender temporalmente la actividad de sus trabajadores mediante un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de su plantilla, al menos hasta febrero de 2025. De igual manera, los ciudadanos y las pymes que cuenten con hipotecas o préstamos al consumo podrán diferir el pago total durante tres meses y solo abonar los intereses durante un periodo adicional de nueve meses.

Entre las medidas fiscales aprobadas, se incluye la exención del IBI correspondiente al ejercicio 2024, una reducción en el IAE para el mismo periodo, y la eliminación de tasas de Tráfico y Policía para la tramitación de bajas de vehículos dañados o la renovación de documentos de identidad. Además, las ayudas por daños personales estarán exentas de tributación en el IRPF, mientras que se aplaza el segundo pago de la declaración de la renta hasta 2025 para los afectados por la DANA, beneficiando a alrededor de 200.000 contribuyentes. También se aplicarán reducciones en el IRPF e IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada.

Por último, el Gobierno ha reafirmado su compromiso de cubrir el 100% de los gastos de emergencia que incurran los ayuntamientos afectados. Además, se destinará hasta un 50% de financiamiento para las obras de reparación de infraestructuras, instalaciones y servicios comunitarios que sean necesarios en los próximos meses y años, asegurando una recuperación integral. Se reforzarán los juzgados y equipos de notarios y registradores de la propiedad, facilitando a los ciudadanos la certificación de la ubicación de sus bienes inmuebles de forma accesible y rápida, un paso esencial hacia la reconstitución de la normalidad en las comunidades devastadas.