ALBACETE, 7 de enero.

En un reciente despliegue de acción por parte de los efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete, se ha iniciado una investigación contra un hombre de 62 años, residente en la provincia de Cuenca, por un presunto delito que atenta contra la seguridad vial. Este individuo es acusado de conducir de manera temeraria un vehículo a motor, poniendo en peligro tanto su vida como la de otros ciudadanos.

Las alarmas se encendieron cuando el Servicio de Emergencias 112 recibió múltiples llamadas que alertaban sobre un vehículo circulando en sentido contrario en la autovía A-43, en el trayecto entre los municipios de San Clemente y Villarrobledo. La Central Operativa de Tráfico (COTA) de la Guardia Civil de Albacete fue informada de inmediato, resaltando la seriedad de la situación.

Ante la gravedad de lo reportado, se activaron de inmediato las patrullas de servicio que se encontraban en las proximidades. En este caso, una patrulla de seguridad ciudadana perteneciente al Puesto Principal de Villarrobledo localizó el vehículo en cuestión y, tras hacer señales al conductor para que se detuviera, consiguieron detener su marcha. Posteriormente, un equipo del Destacamento de Tráfico de Albacete se unió a la operación para asegurar la vía y proceder con la retirada del vehículo en peligro.

Las diligencias llevadas a cabo por la Unidad de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico de Albacete han sido formalmente enviadas al Juzgado de Instrucción de Villarrobledo, que está actuando en funciones de guardia, para que se tomen las medidas pertinentes en este caso que puede tener graves repercusiones.

Adicionalmente, la Guardia Civil de Tráfico ha solicitado a la Jefatura de Tráfico de Albacete que se realice un reconocimiento médico extraordinario al conductor involucrado, con el fin de determinar si su estado psicofísico es adecuado para estar al volante de un vehículo.

Según establece el Código Penal, este tipo de delito puede conllevar penas que oscilan entre seis meses y dos años de prisión, así como la privación del derecho a conducir tanto vehículos de motor como ciclomotores por un periodo que va de uno a seis años, reflejando así la seriedad con que se deben tratar las infracciones a la seguridad vial.