Un golpe contundente a las redes delictivas que operan a gran escala se ha llevado a cabo en España, resultando en la detención de 28 individuos y la apertura de investigaciones a 30 más. Esta macrooperación, la cual dio inicio con la arresto de un sospechoso en Valencia, busca desmantelar una compleja organización criminal que ha causado estragos en las vidas de aproximadamente 250 personas, defraudándolas con más de 150.000 euros a través de estafas relacionadas con la venta de mascotas.

El operativo, coordinado por la Guardia Civil en colaboración con Interpol y la Policía Nacional de Colombia, ha puesto al descubierto una red que ha perpetrado un total de 681 delitos, cifra que podría incrementarse a medida que avancen las investigaciones. Las autoridades han señalado que este fenómeno criminal no solo afecta a España, sino que también involucra a implicados en Colombia, destacando la internacionalización del crimen organizado.

El desglose de los delitos esclarecidos es alarmante: se han contabilizado 335 estafas, 158 casos de usurpación de estado civil, 95 falsificaciones de documentos, 33 amenazas, 60 casos de blanqueo de capitales y la pertenencia a una organización criminal. Estas cifras evidencian la magnitud de la actividad delictiva y el riesgo que supone no solo para las víctimas, sino también para la integridad del sistema financiero y social.

La organización criminal operaba a través de complejas transacciones, superando los 35 millones de euros en movimientos de criptomonedas. Este uso de monedas digitales ha permitido que se blanqueen más de tres millones de euros en efectivo en distintas regiones de España, añadiendo una capa de dificultad para su rastreo por parte de las autoridades.

Conocida bajo el nombre de 'Canmoney', la operación se originó tras la denuncia de una víctima que había pagado por la compra de una mascota que nunca recibió. Los estafadores utilizaban documentos de identidad robados para crear confianza en sus potenciales víctimas, estableciendo un sistema de pagos sucesivos que, de no cumplirse, se traducía en amenazas de violencia.

Las tácticas utilizadas eran despiadadas: una vez que se recibía el primer pago, los estafadores exigían un segundo, y la negativa a pagar resultaba en amenazas directas, algunas acompañadas de imágenes de armas. Esta situación no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de las víctimas, sino también la crueldad de quienes comercian con la desesperación humana.

El primer arresto en Valencia marcó el inicio de esta investigación que ha descubierto un entramado bien organizado. Las criptomonedas jugaron un papel crucial en el esquema, sirviendo como una "herramienta estratégica" para ocultar fondos ilícitos y facilitar su ingreso en el sistema financiero legal.

Otro hallazgo esencial fue el involucramiento de un propietario de locutorio, quien, aprovechando su conocimiento del sector, actuaba como testaferro en el país, facilitando la conversión de enormes sumas de dinero en criptomonedas. Esta persona y su pareja lograron retirar alrededor de tres millones de euros a través de cajeros automáticos dispersos, convirtiendo posteriormente estos fondos en monedas digitales difíciles de rastrear.

En los escalones inferiores de la red, diversos individuos en España y Colombia llevaban a cabo la apertura de cuentas bancarias para depositar el dinero obtenido de las estafas. A continuación, otros miembros de la organización eran responsables de convertirlo en criptomonedas, que eran enviadas a múltiples direcciones casi imposibles de seguir, poniendo de relieve la sofisticación del funcionamiento de la red.

Los registros realizados en esta operación, que incluyeron nueve en España y tres en Colombia, han dado como resultado la incautación de dispositivos móviles, documentos, vehículos, y otros elementos cruciales que evidencian la operativa delictiva. Este esfuerzo coordinado marca un paso vital hacia la desarticulación de organizaciones criminales que afectan a la sociedad.

La Guardia Civil, en conjunto con la Policía Nacional de Colombia y diversas agencias internacionales como Europol, continúa su labor para combatir este tipo de delitos, reafirmando su compromiso en la defensa de los ciudadanos y la integridad de las instituciones. Las víctimas afectadas, dispersas en 43 provincias de España, son un recordatorio del impacto devastador que estas estafas pueden causar en la vida de las personas.