En la localidad de Miguelturra, en Ciudad Real, la Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de tres hombres sospechosos de cometer delitos relacionados con la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, además de pertenencia a una organización criminal y violación de los derechos de los trabajadores.

Uno de los acusados, además, enfrenta cargos por mantener relaciones sexuales con una de las trabajadoras del club de alterne en contra de su voluntad, lo que le ha valido acusaciones adicionales por agresión sexual y violencia de género, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado de prensa.

Las investigaciones se iniciaron tras la denuncia de una mujer que aseguraba haber sido obligada a prostituirse en un conocido club de alterne de Miguelturra. La labor policial permitió descubrir que la gestión del local estaba en manos de varios individuos que operaban como una organización criminal, usando engaños, intimidación y amenazas para controlar a las trabajadoras sexuales, reteniendo en ocasiones hasta la mitad de las ganancias por servicio.

La situación comenzó cuando la mujer viajó engañada a Ciudad Real para encontrarse con uno de los detenidos, quien la convenció de que mantenían una relación sentimental virtual y que podría trabajar como camarera en un establecimiento de hostelería en Miguelturra.

Fue la propia víctima la que contactó a una amiga para acompañarla a trabajar allí, siendo recogidas por el detenido y el dueño del club, quienes finalmente las obligaron a ejercer la prostitución; incluso uno de los hombres acudía con frecuencia al local para exigir pagos y obligar a la trabajadora a mantener relaciones sexuales.

La Policía Nacional llevó a cabo un registro en el establecimiento, identificando a 13 trabajadoras sexuales, en su mayoría en situación irregular, ejerciendo la prostitución en condiciones abusivas y teniendo que entregar parte de sus ingresos al responsable del local.

Los agentes se incautaron de documentación, pasaportes falsificados de mujeres extranjeras, armas de gas airsoft y cerca de 2.500 euros en efectivo. Además, se ordenó el cierre cautelar del establecimiento por orden judicial.

El club de alterne imponía multas a las trabajadoras por negarse a prestar servicios sexuales, generando una deuda que debían saldar con nuevos servicios, una práctica común en organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas.

Estas detenciones forman parte del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, que cuenta con una línea telefónica y un correo electrónico para denuncias anónimas y confidenciales.