TOLEDO, 10 de diciembre.

"La muerte es un aspecto vital que nuestra sociedad parece rehuir. Nos enfrentamos a una especie de miedo colectivo hacia ella, un fenómeno que podríamos calificar de tanatofobia. No obstante, es esencial reflexionar sobre este tema, pues representa el final de nuestra existencia", aseveró la tesorera de la asociación Derecho a Morir Dignamente de Castilla-La Mancha, quien hizo un llamado a las autoridades locales para intensificar sus esfuerzos en la difusión de este derecho fundamental.

La solicitud se realizó este miércoles en Toledo, un punto estratégico elegido para formalizar la presentación de una asociación nacida en noviembre con el fin de "fomentar una cultura de la muerte digna", estableciendo así que una muerte serena debe ser considerada un valor social importante.

Durante una reciente rueda de prensa, Castillo, acompañada por la presidenta regional Blanca Calvo, destacó que Castilla-La Mancha aún está rezagada en términos de solicitudes de voluntades anticipadas, conocidos también como testamentos vitales. Este documento permite a los ciudadanos expresar sus deseos en relación con el cuidado médico futuro, y una vez firmada ante un funcionario o notario, se inscribe en el Registro Autonómico.

"Si tuviéramos que planificar un viaje a un lugar remoto, como la Antártida, seguramente nos detendríamos a evaluar todos los detalles. Sin embargo, la inevitable travesía hacia la muerte no suscita la misma consideración", lamentó Castillo. En la actualidad, solo 5.93 de cada 1.000 habitantes han formalizado la Declaración de Voluntades Anticipadas en esta comunidad, una cifra que se encuentra muy por debajo de regiones como Navarra, donde alcanza los 32.50 por mil, o el País Vasco, que registra 27.72 por mil.

Hasta el 30 de junio de 2025, se han presentado un total de 13.505 solicitudes en la comunidad, desglosadas en 4.587 hombres y 7.864 mujeres. Las cifras por provincias son las siguientes: Albacete (3.571), Ciudad Real (3.323), Toledo (3.224), Guadalajara (2.134) y Cuenca (1.253).

Con respecto a la edad, 309 jóvenes entre 18 y 30 años han optado por este documento; 2.042 personas en el rango de 31 a 50 años; 4.574 entre 51 y 65 años; y 5.528 mayores de 65.

Carrillo, quien destacó la existencia de 76 puntos de información y registro en la región, invitó a los ciudadanos a "trazar su último viaje" con antelación.

"Es fundamental contar con un documento de voluntades anticipadas, ya que, si se nos presenta una situación de coma o deterioro cognitivo, no podremos solicitar la eutanasia si no hemos expresado nuestra voluntad previamente", subrayó. "Para asegurar una muerte digna, necesitamos planificarla y formalizar nuestra decisión", agregó.

Por ello, instó a las autoridades a efectuar un mayor esfuerzo para que la población conozca sus derechos. "Desde nuestra asociación, estamos firmemente comprometidos en esta misión de sensibilización", concluyó.

Por su parte, Blanca Calvo, presidenta de la asociación, informó que Muerte Digna cuenta actualmente con 113 socios en la región —10 en Cuenca, 15 en Albacete, 23 en Ciudad Real, 30 en Toledo y 35 en Guadalajara— y que decidieron constituirse como entidad regional para aumentar su visibilidad ante las instituciones de salud, además de garantizar el correcto funcionamiento de los centros de registro y brindar apoyo personalizado a quienes enfrentan dificultades al intentar registrar su declaración de voluntades anticipadas o gestionar solicitudes de eutanasia.

En unas semanas, la asociación habilitará un número de teléfono, 699-545-545, para ofrecer atención más personalizada.

Por otra parte, Calvo compartió los datos sobre eutanasia en la región, revelando que entre 2021 y 2023 se han llevado a cabo 19 de las 28 solicitudes registradas. Mientras que en 2021, cuando se aprobó la ley, se solicitaron dos, en 2022 se contabilizaron 19 solicitadas (de las que siete se ejecutaron) y en 2023 se elevaron a 28, con nueve ejecuciones.

Respecto a este asunto, también expresó la necesidad de agilizar los plazos, y criticó tanto al Ministerio como a los gobiernos regionales por la demora en la publicación de los datos correspondientes. "No es aceptable que estemos por concluir 2025 y muchas comunidades autónomas aún no hayan presentado su memoria", afirmó.

Asimismo, solicitó la creación de un registro de objetores y pidió que se compense adecuadamente al personal médico que realice eutanasias, considerando que esto incrementa su carga laboral.

Finalmente, demandó reformas legislativas que eviten la judicialización de la eutanasia, citando casos como los de "Noelia y Francesc" en Cataluña, donde diversos actores ajenos a los solicitantes han causado dificultades en el proceso, complicando aún más su deseo de encontrar un final pacífico a su vida.