TOLEDO, 16 de diciembre. Este lunes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado a cabo una serie de concentraciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha, centradas en la defensa del Mutualismo Administrativo (Muface) y la reivindicación de un nuevo pacto salarial, así como el reclamo por el cese de los recortes que afectan a los empleados públicos de la región.

Este movimiento llega tras una masiva manifestación que tuvo lugar el sábado en Madrid, donde más de 35.000 mutualistas se hicieron oír, entre ellos más de un millar provenientes de Castilla-La Mancha. CSIF ha vuelto a manifestarse, solicitando la continuidad de modelos de mutualismo administrativo como Muface, Mugeju e Isfas, los cuales han sido fundamentales durante medio siglo para aliviar las arcas públicas y descongestionar un sistema de salud que, lamentablemente, enfrenta grandes desafíos en su capacidad para atender a todos los mutualistas, tal como indicó Lorenzo Domínguez, presidente de CSIF en Castilla-La Mancha, durante la concentración en Ciudad Real.

Domínguez subrayó la urgencia de que el Gobierno finalice la última licitación, expresando que la espera está generando un clima de incertidumbre entre los empleados públicos, que en Castilla-La Mancha suman alrededor de 74.000. “Es esencial que se actúe pronto para poner fin a esta preocupación que afecta a todos”, afirmó.

Además, CSIF aprovechó esta movilización para hacer hincapié en la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos, que ha descendido más de un 20% desde 2010, en una comunidad autónoma que ha experimentado las tasas de inflación más elevadas a nivel nacional. En este contexto, exigieron un nuevo acuerdo salarial plurianual que esté vinculado al IPC y la convocatoria de la Mesa General de Función Pública de Castilla-La Mancha, con el fin de discutir una posible subida de salarios.

El Constitucional también ha tomado cartas en el asunto, admitiendo un recurso de amparo del CSIF en relación con la negativa de la mesa del Congreso de los Diputados a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular. Esta iniciativa tenía como objetivo que los empleados públicos recuperaran su estructura salarial anterior a los recortes impuestos en 2010 por el gobierno de Zapatero. Según el sindicato, estos recortes –que aún permanecen– han hecho que los empleados públicos hayan trabajado entre 13 y 18 meses sin remuneración en la última década, dependiendo de su grupo profesional.

En el ámbito de los servicios públicos, CSIF ha manifestado su preocupación por el “deterioro” de estos servicios en la región. En particular, el Sescam está, según el sindicato, obstaculizando la incorporación de profesionales para cubrir incapacidades temporales, vacaciones y ausencias. Esta falta de acción, según CSIF, es una clara manifestación de una política de recortes que incrementa la carga de trabajo sobre el personal existente y retrasa la atención a los pacientes, además de paralizar la carrera profesional y no remunerar la productividad variable.

Los representantes de CSIF advierten que estas movilizaciones no cesarán y se verán acompañadas por acciones “más contundentes” si las administraciones no responden a sus demandas y necesidades en el corto plazo.