TOLEDO, 28 de noviembre. En una decisión que ha suscitado gran debate, las Cortes de Castilla-La Mancha han votado en contra de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por Vox, que proponía realizar pruebas de edad a los inmigrantes ilegales que se encuentran bajo la tutela de la Junta. Esta votación se llevó a cabo este jueves y contó con el rechazo tanto del Partido Popular (PP) como del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

El diputado de Vox, David Moreno, justificó la propuesta argumentando que la administración regional debería ser “transparente y cuidadosa” con la asignación de recursos públicos. Moreno criticó lo que él considera un “despilfarro” de dinero, alegando que la presencia de inmigrantes ilegales que se declaran menores de edad representa un “fraude” que impacta negativamente en los vecinos de Castilla-La Mancha. Según su perspectiva, este fenómeno provoca un aumento significativo en la carga económica sobre los ciudadanos.

Moreno calificó la situación como “una factura millonaria impuesta por las políticas progresistas” y afirmó que el hecho de que un inmigrante se haga pasar por menor de edad duplica la carga sobre los castellanomanchegos. Se mostró firme en la idea de que incluso un solo caso de fraude sería motivo suficiente para respaldar la PNL de Vox, instando a la administración regional a no apoyar lo que él considera un “fraude de ley”.

Desde este punto de vista, el presidente del Grupo Parlamentario Vox no dudo en cuestionar la postura del PSOE, acusándolo de “negacionismo”, y le pidió al PP que se una a esta iniciativa, argumentando que es “buena por sí misma”. Con esto, enfatizó que la inmigración debería ser gestionada de manera legal y controlada, adaptada a las necesidades de España, y subrayó que la inmigración ilegal afecta no solo a los españoles, sino también a quienes han inmigrado de forma legal.

En respuesta a la propuesta, el diputado del PP, José Antonio Martín-Buro, expresó que su partido se siente “despistado” por la PNL de Vox, ya que considera que excede las competencias de las comunidades autónomas. Martín-Buro destacó que la responsabilidad en materia de inmigración recae exclusivamente en el Estado y que los menores no acompañados deben ser tutelados y protegidos por las regiones hasta que alcancen la mayoría de edad.

El diputado del PP también aclaró que las decisiones sobre la edad de los inmigrantes son competencia de la Fiscalía correspondiente y que los procedimientos seguidos son exhaustivos y realizados por profesionales. Martín-Buro instó a Vox a respetar esos procedimientos y a no cuestionar la labor de los funcionarios públicos en este ámbito.

A pesar de la oposición a la PNL, el diputado del PP no dejó de criticar al PSOE por no abordar de manera efectiva el flujo migratorio y cuestionó si están de acuerdo con que las competencias migratorias sean asumidas por Cataluña, lo que, según él, va en contra de la Constitución.

Por su parte, el diputado del PSOE, Antonio Sánchez, inició su intervención instando a Vox a actualizar sus datos, señalando que recientes encuestas del CIS indican que la inmigración ha perdido relevancia como una de las preocupaciones principales de los españoles. Además, coincidió con el PP en que no compete a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establecer un protocolo para las pruebas de edad de inmigrantes, ya que corresponde al Ministerio Fiscal.

Sánchez lamentó lo que percibe como un intento de Vox de criminalizar a los menores que llegan a España huyendo de situaciones difíciles. Hizo un llamado a reconocer la dimensión humana de la inmigración, recordando que la compasión debe ser un valor fundamental en un estado como el español.

En un intento de conectar con los integrantes de Vox, Sánchez les sugirió explorar la diversidad y entender diferentes perspectivas, alejándose del lenguaje que perpetúa la criminalización de los menores en situaciones vulnerables.

La Proposición No de Ley de Vox proponía llevar a cabo pruebas periciales “exhaustivas” para determinar la edad de todos los inmigrantes ilegales no acompañados bajo tutela de la Junta, con el fin de minimizar el margen de error y prevenir el fraude. Además, pretendía establecer un protocolo general que incluya técnicas como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera, también conocida como técnica Risser, para una evaluación más precisa.