La Asociación Española de Consumidores está considerando emprender acciones legales colectivas tras la sentencia del Tribunal Supremo, la cual consideran "tan clara" que no descartan demandas para reclamar los derechos correspondientes.
MADRID, 15 Abr.
Tras la decisión del Tribunal Supremo que reconoce el derecho de los herederos de dependientes fallecidos a reclamar los gastos avanzados, la Asociación Española de Consumidores ha iniciado una campaña de reclamaciones.
La organización tiene la intención de recopilar información de las familias afectadas para presionar a las comunidades autónomas a reconocer dichos derechos, y no descartan recurrir a los tribunales si se ignoran sus demandas por parte de la Administración, según fuentes de la entidad a Europa Press.
La Asociación Española de Consumidores ha movilizado a su equipo legal y ha habilitado un correo electrónico ([email protected]) para asistir a las personas interesadas en unirse a las iniciativas planeadas.
En la sentencia emitida, el Tribunal Supremo desestima un recurso de la Junta de Andalucía y establece que los herederos de un dependiente fallecido sin un Programa Individual de Atención (PIA) aprobado tienen derecho a solicitar la conclusión del expediente para la devolución de los gastos pagados por adelantado.
La sentencia se centra en el caso de la hija y tutora de una mujer fallecida cuyo ingreso en una residencia no fue aprobado, a pesar de las solicitudes previas. Tras el fallo del Supremo, la Junta de Andalucía deberá reabrir el caso para cumplir con la sentencia y permitir a la hija reclamar los costos de la residencia. Esta decisión permite a las familias de las más de 40.000 personas fallecidas anualmente en situación de dependencia reclamar los gastos asociados a la atención recibida.
La organización de consumo insta a las comunidades autónomas a iniciar de forma automática el proceso de reembolso a las familias, dada la claridad de la sentencia. De no hacerlo, están preparados para dirigirse a la Administración para exigirlo en cada caso individual.
Ante la posibilidad de que las autoridades no actúen, la asociación considera la posibilidad de acudir a los tribunales y eventualmente contemplar demandas colectivas, tal como ocurrió en el caso de las cláusulas suelo con las entidades bancarias.
También reclamarán un plan para reducir las largas listas de espera en algunas comunidades autónomas, pues temen que la falta de recursos pueda frenar la implementación de la sentencia del Supremo y ocasionar incumplimientos en la atención a los afectados.
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