El Ayuntamiento de Ciudad Real ha anunciado su intención de implementar un enfoque estratégico en materia de seguridad, en respuesta a un notable aumento de las quejas ciudadanas en este ámbito. Esta decisión se ha tomado tras la realización de más de veinte asambleas vecinales en diversos barrios desde el fin del verano, que han puesto de manifiesto las inquietudes de la comunidad.

En una rueda de prensa celebrada este martes, el alcalde Francisco Cañizares y el concejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Hervás, expusieron los detalles del Plan Estratégico de Seguridad para la capital, cuya ejecución dependerá de la aprobación de los presupuestos municipales para el año 2026.

Entre los ejes principales del plan se incluye la ampliación de la plantilla de la Policía Local, así como la mejora de sus recursos materiales y tecnológicos. También se busca fortalecer la colaboración con otros cuerpos de seguridad y abordar la "percepción de inseguridad" que sienten los ciudadanos, a pesar de que los índices objetivos sitúan a Ciudad Real entre las ciudades más seguras de España.

El alcalde hizo hincapié en que la inquietud sobre seguridad se ha identificado especialmente en barrios como San Martín de Porres y La Granja, donde ha crecido la preocupación de los vecinos por su entorno.

Aunque el Ayuntamiento no tiene competencias directas en seguridad ciudadana, Cañizares resaltó que es crucial atender la percepción de la población sobre el tema. Por ello, se ha decidido desarrollar esta estrategia en cooperación con la Subdelegación del Gobierno y las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El equipo de Gobierno se ha comprometido a asegurar que el número de agentes en Ciudad Real supere la ratio recomendada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Asimismo, se contempla la implementación de nuevos modelos de servicio, como la "policía de barrio", que combinará labores de vigilancia con una presencia activa según las necesidades de cada área.

El plan también prevé un incremento en la dotación de recursos para la Policía Local, que incluirá nuevos vehículos, motocicletas y tecnologías como drones. Además, se priorizará la digitalización y la instalación de cámaras de videovigilancia, sobre todo en barrios periféricos y áreas cercanas a vías de comunicación, aunque todas estas medidas deberán ser autorizadas por la Subdelegación del Gobierno.

Cañizares ha señalado que a pesar de que La capital presenta datos relativamente positivos comparativos, se ha observado un aumento en robos, hurtos y ocupaciones ilegales, contribuyendo a una percepción de mayor riesgo entre la ciudadanía.

Se espera que los presupuestos del año 2026 incluyan inversiones específicas para la implementación de este plan, con un objetivo de incrementar en cerca de un millón de euros los fondos destinados a la seguridad, incluyendo la ampliación de la plantilla y la mejora de medidas preventivas.

El alcalde enfatizó que el fortalecimiento de la seguridad no se limita al número de agentes, sino que también implica una reconfiguración en la prestación de los servicios y una planificación que vaya más allá del corto plazo, ya que aumentar la plantilla no se puede lograr de la noche a la mañana.

En relación a la Junta Local de Seguridad celebrada recientemente, Cañizares abordó los problemas del asentamiento chabolista de San Martín de Porres. Reconoció que esta situación es histórica y que su resolución es competencia de la Administración regional, que desde 2023 ha contado con un plan que no ha podido ser ejecutado por falta de financiación.

El aumento del tráfico y consumo de drogas en la zona ha intensificado la percepción de inseguridad, según el alcalde, quien destacó que los controles policiales han revelado un mayor número de positivos en drogas en comparación con el alcohol, lo que refleja cambios en la conducta de los residentes.

Cañizares subrayó la colaboración administrativa del Ayuntamiento y detalló que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha estado involucrada para esclarecer la situación legal de propiedades que, a pesar de estar registradas en el Instituto de la Vivienda antes de la creación de las autonomías, son de la competencia regional.

Esta colaboración podría facilitar el derribo de edificaciones específicas y la mejora de viviendas construidas hace más de cinco décadas.

El regidor resaltó que en esta área residen personas en condiciones de vulnerabilidad extrema, algo que no se puede desvincular de las iniciativas de limpieza y urbanismo, aunque reiteró que el principal desafío es la relación entre el tráfico de drogas y el aumento de la percepción de inseguridad.

Desde el 2012, se han realizado unas 40 demoliciones en la zona, pero aún hay trabajos pendientes que se han complicado por la gestión de residuos, especialmente porque muchas de las chabolas contienen amianto, lo que exige coordinación con diferentes administraciones.

Finalmente, el alcalde advirtió que la problemática de San Martín de Porres no puede ser resuelta exclusivamente por medidas urbanísticas, sino que se requiere un abordaje integral que incluya intervenciones sociales y administrativas más profundas.