La lucha contra la proliferación de anuncios ilegales en plataformas de alquiler turístico ha tomado un giro significativo en España, especialmente en comunidades como la Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia, que juntas suman un total de más de 65,000 sanciones contra Airbnb. El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa histórica de 64 millones de euros, marcando la segunda mayor sanción en la historia del ministerio, debido a irregularidades como la publicidad de alojamientos sin licencia o la utilización de números de registro falsos.

Un análisis detallado revela que aproximadamente un tercio de estos anuncios ilegales provienen de la Comunidad Valenciana, que enfrenta cerca de 22,000 publicaciones sin el número de registro correspondiente. Canarias sigue con 12,486 y Galicia con 6,897 anuncios que también han sido objeto de sanción.

Las autoridades han identificado que las multas por la falta de registro son amplias a lo largo del país, excepto en las comunidades de Madrid, Andalucía y Extremadura, donde la legislación regional no contempla la obligatoriedad de incluir este número. Esto ha resultado en un número ínfimo de anuncios eliminados en comparación con el resto de las comunidades, donde la mayoría de las sanciones se deben a la ausencia de un registro válido.

Todas las infracciones reportadas corresponden a un periodo anterior a la implementación de la Ventana Única Digital, que exige la presentación del número de registro para todos los anuncios de alojamiento turístico en España.

La sanción impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, totaliza 64,055,311 euros, reflejando una infracción grave por prácticas comerciales desleales. Esta cifra representa seis veces los beneficios ilícitos que Airbnb obtuvo mediante la difusión de estos anuncios ilegales.

Entre las infracciones más comunes, se destacan los 59,229 anuncios sin el número de registro requerido, junto a 5,769 publicaciones con información de registro incorrecta o inventada, además de la omisión de datos vitales sobre la naturaleza de los anfitriones, que se consideran prácticas de publicidad engañosa.

La distribución de los anuncios ilegales desvela que las comunidades más impactadas son aquellas situadas en la costa mediterránea y las islas. La Comunidad Valenciana lidera el listado, con 21,938 publicaciones ilegales, donde la inmensa mayoría, 21,807, no incluía el número de registro necesario.

A continuación se sitúa Canarias, con 12,728 anuncios ilegales, casi todos por la falta de registro, mientras que Galicia reporta 6,956 casos, de los cuales 6,897 también carecían del número requerido. La ausencia de normas en las comunidades de Madrid, Andalucía y Extremadura durante el periodo investigado limitó las infracciones registradas en estos lugares.

Andalucía, por su parte, destaca por acumular el mayor número de casos de registros falsos, contabilizando 3,352 infracciones, mientras que Madrid documentó 300 en esta categoría. En la capital, el Ministerio de Consumo detectó hasta 15,200 anuncios que no cumplían con la normativa municipal, pero no se pudieron retirar en este procedimiento debido a que es competencia local.

Las Islas Baleares también presentan un número notable de infracciones, alcanzando los 4,305 anuncios ilegales, la mayoría por falta de registro. Otras comunidades que superan el millar de anuncios ilegales incluyen Murcia, Cantabria, Asturias y Cataluña.

Castilla y León reportó 1,583 casos, seguida de Aragón, Castilla-La Mancha y el País Vasco, mientras que Navarra, Madrid y La Rioja registraron los números más bajos de ilícitos sancionados.

El contencioso entre Airbnb y el Ministerio de Consumo se inició en octubre de 2024, cuando el ministerio notificó a la plataforma sobre la existencia de las publicaciones ilegales. Según Bustinduy, dado que la compañía no tomó medidas al respecto, se inició un expediente sancionador en diciembre de ese mismo año, evidenciando la negativa de Airbnb a retirar los anuncios tras ser advertida.

En cuanto a la cuantía de la multa, se convierte en la segunda más alta impuesta a una empresa privada en España, solo superada por los 107 millones de euros impuestos a Ryanair.

Airbnb ha manifestado que la sanción es "contraria al marco legal español y europeo", subrayando que la obligatoriedad de presentar el número de registro fue parte de una normativa reciente y, por tanto, no debería ser aplicable al momento en que comenzó el litigio en 2024. La compañía ha sugerido que podría recurrir la decisión ante los tribunales, aunque el ministerio asegura que la sanción es firme y debe ser cumplida.