TOLEDO, 4 de diciembre.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha, Bárbara García, ha reiterado la necesidad de que la reforma de la ley de discapacidad que está preparando el Gobierno central venga acompañada de un presupuesto adecuado. Este reforzamiento económico es vital para garantizar la efectividad y el alcance de la nueva normativa que busca mejorar la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad.

García se pronunció sobre este tema en un encuentro con los medios de comunicación, justo después de que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, informara que el texto de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia ya está "listo". La consejera, sin embargo, expresó su preocupación por no haber sido convocados aún a un consejo territorial que les brinde información sobre los próximos pasos a seguir.

La consejera resaltó la relevancia de avanzar en el ámbito de la dependencia y la discapacidad. Según sus palabras, es esencial que los ciudadanos cuenten con más recursos y beneficios a su disposición. García subrayó que es necesario evitar los "brindis al sol" y que cualquier acuerdo en torno a la nueva ley debe ser consensuado para que la ciudadanía realmente pueda ejercer sus derechos.

En este sentido, la consejera apuntó que conseguir esto requiere, una vez más, de una sólida financiación. Masones a que los presupuestos anuales para dependencia continúen en aumento y que se alcancen los niveles mínimos previamente acordados. Actualmente, ha afirmado, se debe trabajar para alcanzar el 50 por ciento de financiación, un objetivo que sigue estando lejos.

Por lo tanto, desde Castilla-La Mancha se alza la expectativa de que las negociaciones para los próximos presupuestos federales contemplen un incremento en la financiación necesaria para arribar al 50 por ciento. La consejera alertó que, aunque se ha logrado llegar a un 30 por ciento de financiación por parte del Gobierno central, aún queda un 20 por ciento que representa una carga significativa para los recursos económicos de las comunidades autónomas.

A pesar de estos desafíos, Bárbara García reafirmó que lo primordial es establecer garantías para la ciudadanía. Destacó que, para que Castilla-La Mancha siga liderando en el ámbito de la dependencia, es indispensable contar con el respaldo y el compromiso de todas las administraciones involucradas en esta ley, siendo el Gobierno de España uno de los actores más importantes en este proceso.