TOLEDO, 20 de enero. En la jornada de hoy, el presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, se presentó ante las Cortes regionales para exponer el Informe de Fiscalización correspondiente a la Cuenta General de la Junta del año 2022. En su intervención, Andújar destacó insistentemente que, aunque el control contable existe, no llega al nivel óptimo esperado y existen numerosas áreas en las que se pueden realizar mejoras significativas. A pesar de esto, el presidente subrayó que la Administración autonómica ha seguido una estrategia efectiva de contención y reestructuración.

La comparecencia de Andújar tuvo lugar en la Comisión de Economía y Presupuestos del Parlamento regional, donde se guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, durante el pasado fin de semana.

En su presentación, se detalló que las obligaciones reconocidas netas alcanzaron la cifra de 12.331,513 millones de euros, logrando una ejecución del 90% respecto a los 13.749,538 millones previstos. En cuanto a los gastos, se fijaron en 11.819,777 millones de euros, lo que representa un 86% de ejecución sobre la previsión de 13.749,58 millones.

Andújar continuó subrayando las debilidades que la Cámara de Cuentas ha identificado, indicando que la Administración no cuenta con un documento que evalúe los riesgos ni controles adecuados y que, además, carece de una integración automatizada de sus sistemas informáticos tributarios, Greco y Tarea.

También comentó que no se han llevado a cabo auditorías formales de algunas aplicaciones digitales, resaltando la ausencia de auditorías informáticas. Sin embargo, celebró que la mayoría de los pagos a proveedores se procesa en menos de los 30 días que marca la ley, mejorando de los 21 días de 2021 a 19,54 días en 2022.

Al abordar las ejecuciones presupuestarias, Andújar destacó que, a pesar de las deficiencias técnicas mencionadas, el sistema sigue operando competentemente tanto en ingresos como en gastos. Presentó un total de 28 recomendaciones destinadas a fortalecer la gestión administrativa, sugiriendo, por ejemplo, la creación de un sistema de seguimiento para las entidades creadas que buscan agilizar acciones.

Además, Andújar pidió la modificación normativa necesaria para adelantar la rendición de cuentas a finales de junio, buscando así, acelerar este proceso de transparencia. Asimismo, abogó por que la Intervención de la Administración regional haga pública toda la normativa vigente en su página web, promoviendo un mayor control sobre lo que se aplica tanto a funcionarios como a ciudadanos.

El presidente de la Cámara también sugirió la certificación en la gestión de facturas electrónicas y el establecimiento de controles continuos sobre las entidades dependientes del gobierno de Castilla-La Mancha. En cuanto a la Consejería de Hacienda, recomendó una mayor planificación y seguimiento en relación a los beneficios fiscales, advirtiendo sobre los posibles impactos en los ingresos del erario público.

Finalmente, en un bloque de recomendaciones adicionales, Andújar propuso un control más riguroso sobre la Tesorería, ajustes en la elaboración de la Cuenta General, la regulación del contenido del informe de impacto de género que acompaña la Ley de Presupuestos, y la obligación de informes de seguimiento por parte de todos los organismos y entidades públicas.

La intervención no estuvo exenta de críticas desde la oposición. Francisco José Cobo, de Vox, señaló la "falta de claridad" en cuestiones fundamentales, como los costos asociados a la inmigración irregular, apuntando a que el modelo del PSOE ha conducido a la región a una "deuda incontrolable". En su crítica, también mencionó los "beneficios fiscales poco transparentes" reflejados en la cuenta de 2022.

El representante del PP, Santiago Serrano, centró su atención en el bajo porcentaje de ejecución de gastos, argumentando que el 86% es insatisfactorio y cuestionando la solidez del discurso sobre la capacidad inversora de la comunidad. Se refirió a la ineficacia del gobierno en la gestión tributaria, destacando las fuertes cargas fiscales a los ciudadanos.

La diputada del PSOE, Silvia Fernández, defendió la dirección tomada por el Gobierno regional, considerando el informe como una clara indicación de que el proceso de fiscalización ha sido un acierto. Fernández vislumbró el informe como una oportunidad para mejorar y consolidar un futuro más riguroso, transparente y eficiente en la administración pública.

Además, aseguró que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas involucrarán cambios normativos que no serán inmediatos, pero confió en que el Gobierno trabajará para implementarlas en el plazo correcto.