MADRID, 7 de enero.

Un preocupante panorama se dibuja en el ámbito de las rentas mínimas en España, donde trece comunidades autónomas han experimentado recortes drásticos en sus gastos destinados a estas prestaciones. Este fenómeno es particularmente agudo en Madrid y Aragón, donde se han reducido en más de un 90% desde la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, según revela un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

De acuerdo con el Informe de Rentas Mínimas de Inserción (RMI) correspondiente al año 2023, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el promedio de las rentas mínimas de inserción en España ha disminuido un 15,9% desde que el IMV comenzó a operar. Esta situación refleja una clara desatención hacia uno de los sectores más vulnerables de la población.

Entre las comunidades que han sufrido los mayores recortes, Aragón y Madrid encabezan la lista con reducciones del 96,2% y 91,1%, respectivamente. Le siguen Castilla-La Mancha (-82,2%), Castilla y León (-69,7%), Andalucía (-65,4%) y La Rioja (-64,5%). Por otro lado, destaca el aumento en el presupuesto de las rentas mínimas en Canarias (103%), Baleares (74,7%), Comunidad Valenciana (18,6%) y País Vasco (4%), lo que contrasta con la tendencia de austeridad en la mayoría de las regiones.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte que esta drástica caída en los presupuestos de las RMI rompe con una tendencia anterior al alza que había comenzado en 2011, resultando en una pérdida total de 320 millones de euros en estos tres años posteriores a la aprobación del IMV. Esta situación representa un retroceso significativo en los esfuerzos por combatir la pobreza en el país.

En un análisis crítico, la asociación denuncia que muchos gobiernos autonómicos han destinado los ahorros derivados de la reducción en el presupuesto de las RMI a áreas ajenas a los servicios sociales, aunque también reconoce el compromiso de algunas comunidades, como Castilla y León y Madrid, de reinvertir esos ahorros en el fortalecimiento de otros servicios sociales.

El informe también revela que únicamente el 5,9% de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza en España ha accedido a las RMI que ofrecen las comunidades autónomas. Este porcentaje ha ido en descenso desde 2015, con la excepción del año 2020, cuando alcanzó su punto más alto con un 8,7% debido a la crisis provocada por la pandemia.

Las disparidades entre las diferentes comunidades son notables. País Vasco (51,2%) y Navarra (38,2%) destacan con cifras que superan o se acercan al 50% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Sin embargo, en contraste, cinco comunidades reportan que las RMI no alcanzan al 2% de su población en situación de pobreza: Castilla y León (1,7%), Murcia (1,2%), Madrid (0,8%), Andalucía (0,7%) y Castilla-La Mancha (0,3%). En el caso de Aragón, la RMI media apenas roza el 1% de la renta media de la comunidad.

En términos de las cantidades percibidas por los beneficiarios de las RMI en el conjunto del país, este subsidio representa, en promedio, solo el 15,9% de la renta media de los hogares. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales califica esta cifra de “extremadamente baja”, a pesar de un ligero aumento de dos puntos en el último año.

Las comunidades que ofrecen las cuantías más altas en relación con la renta media de los hogares son Baleares (36,4%), Cataluña (18,3%), Canarias (17,9%), Asturias (16,5%) y Comunidad Valenciana (15,2%). En contraste, las cifras son alarmantemente bajas en lugares como Murcia (9%), Madrid (9,1%) y, en un caso extremo, Aragón, donde la RMI solo representa el 0,7% de la renta media de los hogares en su territorio.