En Madrid, 2 de enero. A medida que se cierra el año 2024, la triste cifra de once vidas perdidas, entre las que se incluyen diez cazadores, a causa de disparos accidentalmente producidos durante la caza, ha sido revelada por la organización Colectivos contra la Caza. Además, el informe señala que un total de 19 personas resultaron heridas en estos incidentes, reflejando la alarmante realidad que rodea a esta práctica.

Es importante señalar que este informe no abarca incidentes relacionados con armas de caza fuera del contexto cinegético, ni incluye los trágicos delitos de violencia de género que han involucrado estas armas, los asesinatos ocurridos en dicho marco, o las lesiones y muertes derivadas de accidentes de tráfico causados por animales que escapan durante las batidas de caza, tales como jabalíes, ciervos, corzos y perros.

Castilla-La Mancha se sitúa como la comunidad autónoma más afectada, con un recuento de cuatro muertes y tres heridos. Le sigue Andalucía, donde se registraron tres muertes y un herido, evidenciando así la gravedad que implica esta actividad en ciertas regiones de España.

Según Colectivos contra la Caza, aunque se ha observado una notable reducción en el número de personas ajenas a la actividad cinegética que han resultado heridas en comparación con el año anterior, se ha incrementado el número de ataques a individuos provocados por perros de caza, planteando serias preocupaciones sobre la seguridad de quienes disfrutan del entorno natural.

La organización también ha criticado la falta de estudios y datos oficiales que documenten con rigor las muertes, lesiones y accidentes relacionados con la actividad cinegética, señalando que la información proporcionada por el Gobierno carece de la minuciosidad necesaria.

En cuanto a la distribución de las muertes, se han registrado tres personas fallecidas en Andalucía (procedentes de Granada, Jaén y Córdoba), una en Asturias (Cabrales), cuatro en Castilla-La Mancha (dos en Toledo y dos en Ciudad Real), una en Castilla y León (Burgos), una en Extremadura (Badajoz) y una en Madrid (Guadalix de la Sierra).

Colectivos contra la Caza hace un llamamiento contundente al Gobierno, y en particular al Ministerio del Interior, al señalar que son los "directos responsables" de la regulación de la tenencia de armas en el país. Exigen medidas urgentes que garanticen la seguridad de los 47 millones de ciudadanos que se aventuran al campo, instando a que puedan disfrutar de la naturaleza sin el temor de ser alcanzados por una bala o de ser atacados por un grupo de perros de caza.

Entre las propuestas que presentan, destacan la necesidad de realizar estudios y elaborar estadísticas sobre los accidentes causados por cazadores. También sugieren que los accidentes de tráfico ocasionados por animales durante o después de las jornadas de caza sean considerados como responsabilidad de los cazadores y gestores de cotos. Otras medidas incluyen la implementación de controles de alcoholemia y sustancias psicoactivas en los cotos de caza, la realización de rigurosos exámenes psicotécnicos de manera periódica, la limitación de la edad para participar en la caza tanto para menores como para individuos mayores de 70 años, y la prohibición de enseñar el uso de armas de fuego a menores.