TOLEDO, 28 de octubre. La Consejería de Sanidad ha decidido establecer un conjunto de servicios mínimos esenciales para garantizar la atención sanitaria durante la huelga de técnicos superiores de salud, programada a nivel nacional para los días 30 y 31 de octubre, así como el 3 y 4 de noviembre, y que se desarrollará las 24 horas del día.

Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y consultada por Europa Press, este marco de servicios mínimos ha sido diseñado teniendo en cuenta la magnitud de la protesta y las características específicas del personal afectado. La Consejería ha considerado diversos factores, incluida la duración de la huelga y los derechos constitucionales en juego, para elaborar este plan de contingencia.

La autoridad sanitaria ha aclarado que su enfoque se basa en asegurar que los recursos humanos disponibles para la atención sanitaria sean suficientes, especialmente para las tareas más críticas. Se ha tomado como referencia el personal que comúnmente trabaja en días festivos, con un refuerzo en aquellas áreas vinculadas a servicios médicos de urgencia que no pueden ser pospuestos.

Asimismo, dado que la huelga incluye a un colectivo especializado en áreas diagnósticas y tratamiento bajo supervisión médica, y ante la extensión temporal de la misma, se ha requerido un ajuste en los criterios utilizados para establecer el número de personal que debe permanecer en servicio durante estos días.

Debido a esto, en aquellos centros donde no se asignan turnos de trabajo en festivos, el servicio mínimo establecido será del 25% del personal habitual. Esto incluye al menos un profesional presente para atender cualquier solicitud urgente y mantener un número adecuado de efectivos en guardia localizados, garantizando así una pronta respuesta ante cualquier emergencia sanitaria imprevista.

La Consejería ha argumentado que los criterios para definir estos servicios mínimos respetan el derecho a la huelga, equilibrando la necesidad de salvaguardar la salud de los usuarios con la viabilidad de la protesta. Se ha enfatizado la importancia de encontrar un punto de equilibrio razonable, asegurando que los sacrificios que supongan estos servicios no recaigan desproporcionadamente sobre los ciudadanos.

Finalmente, la resolución establece que los responsables de gestionar cada unidad asistencial se encargarán de designar al personal que asegurará los servicios mínimos, y esta decisión entrará en vigor el mismo día de su publicación. Los afectados podrán interponer recursos ante esta resolución en el plazo establecido, buscando así la posibilidad de revisar su validez ante las instancias pertinentes.