En un reciente informe del Banco de España, se han revelado preocupantes cifras sobre la deuda pública que afecta a nuestro país. Según los datos publicados, cinco comunidades autónomas han logrado mantener su ratio de deuda respecto al Producto Interior Bruto (PIB) por debajo del umbral crítico del 13% establecido por la Ley de Estabilidad. Estas regiones son Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%).

Sin embargo, la situación es muy diferente en otras comunidades. La Comunidad Valenciana encabeza la lista de las más endeudadas, con una alarmante ratio del 40,5%. Le siguen la Región de Murcia con un 30,2%, y Castilla-La Mancha y Cataluña, que se sitúan con ratios del 28,5% y 28,4% respectivamente. Esta disparidad pone de relieve las desigualdades en la gestión económica entre las diferentes autonomías.

En el contexto más amplio, la deuda total de las administraciones públicas ha superado por primera vez la marca de 1,7 billones de euros en el tercer trimestre de 2025. A pesar de este incremento, se ha producido una leve disminución en su relación con el PIB, que se ha situado en el 103,2%. Esta cifra es dos décimas inferior al 103,4% registrado en el trimestre anterior y muestra una leve mejora en comparación con el 104,2% del mismo periodo del año pasado.

El Gobierno ha marcado como objetivo reducir la ratio de deuda respecto al PIB hasta el 101,7% para finales de 2025. De cara a un futuro más prolongado, se proyecta que esta cifra caiga al 98,4% en 2027, al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. Sin embargo, dichas proyecciones no aclaran cuándo alcanzará España los niveles considerados "prudentes" del 60% que exige Bruselas.

Analizando la deuda en términos absolutos, hemos observado un incremento de 18.408 millones de euros, lo que representa un aumento del 1,09% en relación al segundo trimestre de este año. Comparado con el tercer trimestre de 2024, la deuda ha crecido en 73.599 millones de euros, reflejando un aumento del 4,5%.

Por sectores, la deuda de la Administración Central alcanzó los 1,571 billones de euros en septiembre de 2025, equivalente al 94,8% del PIB, un ligero incremento respecto al 94,7% del segundo trimestre, pero menor al 95,8% de hace un año. Este subsector ha experimentado un crecimiento interanual del 4,5% y un 1,5% en relación con el trimestre anterior.

A continuación, la deuda de las comunidades autónomas llegó a 338.804 millones de euros en el mismo periodo, representando el 20,4% del PIB, también inferior al 21% del trimestre anterior. A nivel interanual, este crecimiento fue del 1,7%, aunque se redujo un 1,2% en comparación con el último período.

En el caso de las corporaciones locales, su deuda se ha situado en 22.477 millones de euros, un 1,4% del PIB, lo que supone una disminución del 2,8% respecto a hace un año. Dentro de este sector, los ayuntamientos de las capitales de provincia concentran 8.000 millones, mientras que los no capitalinos acumulan 10.000 millones y las diputaciones, consejos y cabildos insulares, 4.000 millones.

En cuanto a las ciudades con más de 300.000 habitantes, la deuda total ha disminuido un 1,2% en comparación con el año anterior, hasta alcanzar los 5.000 millones de euros. Madrid sigue liderando en este indicador, con 2.100 millones de euros, seguida de Barcelona con 1.400 millones y Zaragoza con 500 millones. Si analizamos la deuda per cápita, Barcelona presenta la cifra más alta con 788 euros por habitante, mientras que las cifras más bajas corresponden a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, València con 89 euros y Bilbao con 128 euros.

Por último, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social ha alcanzado los 126.173 millones de euros, un 8,6% más que el año pasado, representando un 7,6% del PIB. En cuanto a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, la deuda a largo plazo ha aumentado un 4,2% interanualmente, mientras que los préstamos a más de un año se incrementaron en un 11,8% en comparación con septiembre de 2024. En contraposición, los instrumentos a corto plazo han mostrado una reducción del 4,7% en ese mismo periodo.

Es evidente que la gestión de la deuda pública plantea grandes retos a nuestras administraciones y que, aunque hay atisbos de mejora, todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar una estabilidad financiera sostenible.