TOLEDO, 12 Nov. – En un contexto de desafíos económicos y sociales globales, la Consejería de Bienestar Social ha dado un paso significativo al modificar una Orden previa, que establecía las bases y convocaba el concierto social para la provisión de plazas residenciales en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este cambio es crucial para el desarrollo de residencias para personas mayores, una prioridad en el bienestar colectivo de la región.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en concordancia con la información compartida por Europa Press, destaca que originalmente la Orden inicial daba el visto bueno a la creación de 400 plazas residenciales mediante un concierto social vinculado a la construcción de nuevos centros en diversos municipios. Hasta el momento, diez proyectos habían logrado asegurar plazas para su concertación, en un intento por fortalecer el sistema de atención a nuestros mayores.

Las bases establecían un plazo máximo de dos años para la edificación de estas instalaciones, comenzando a contar desde la firma del acuerdo de acción concertada. Sin embargo, la realidad ha mostrado que, tras más de un año desde lo prometido, los avances en la construcción de las residencias han tropezado con significativos obstáculos, resultado de la actual situación económica y social a nivel global, marcada por los conflictos en Ucrania y el Oriente Próximo. Esta situación ha impactado tanto en la disponibilidad de materiales como en la escasez de mano de obra en ciertos sectores laborales.

Considerando estos contratiempos, y con la intención de facilitar el progreso de los proyectos de construcción, que son fundamentales antes de que se activen los acuerdos de acción concertada para dotar a la red de Castilla-La Mancha de plazas residenciales públicas, se ve imperativo ampliar el periodo previsto para la construcción, tal y como se detalla en la orden modificada.

Así, la Orden anterior se ajusta en cuanto a la duración de los acuerdos de acción concertada y sus posibles prórrogas, estableciendo que el nuevo plazo máximo para la terminación de los centros se podrá extender hasta el 31 de marzo de 2026, comenzando desde la firma del acuerdo.

Adicionalmente, se informa que los acuerdos de acción concertada firmados bajo esta modalidad tendrán una duración máxima de diez años, contados desde la autorización y puesta en funcionamiento de cada residencia. Estos acuerdos podrán ser prorrogados por períodos sucesivos de hasta cinco años, lo que podría llevar a un máximo total de hasta veinte años, siempre que exista un consenso entre las partes involucradas. Este enfoque busca garantizar la estabilidad y la continuidad en la atención a las personas mayores de nuestra comunidad.