GUADALAJARA, 28 de octubre. En un giro significativo en la discusión sobre la transparencia en el uso de fondos públicos, Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha hecho pública su intención de reformar la normativa que regula la gestión económica en la Cámara. La medida surge tras un informe que revela que el grupo parlamentario de Vox ha enviado más de 34,000 euros no utilizados a su sede nacional, un hecho que Bellido considera intolerable.

Al ser cuestionado por los medios sobre esta controversia, Bellido destacó que la Mesa de las Cortes ya ha tomado conocimiento del informe que revela esta práctica polémica. El presidente describió el envío de fondos no gastados a la dirección de Vox en Madrid como “inédito e inaceptable” en la historia de la institución, argumentando que se requiere una reforma urgente para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

“El dinero que se asigna a los grupos parlamentarios es dinero de los contribuyentes de Castilla-La Mancha y debe utilizarse exclusivamente para su trabajo en la región”, enfatizó Bellido. Subrayó que la decisión de transferir dichos recursos a la cúpula nacional de Vox es una violación de principios éticos y legales, y confirmó que la formación debe reembolsar el monto mencionado a la Cámara autonómica.

La respuesta del presidente de las Cortes no se hizo esperar ante la noticia publicada en El País, que detalló que Vox había transferido casi 35,000 euros a su central en Madrid, dinero que debería haber estado destinado a financiar sus actividades en Castilla-La Mancha. Además, Bellido anunció que impulsará una reforma normativa “detallada e irrefutable” que aclare estrictamente el uso de los fondos públicos asignados a los grupos de la Cámara.

“Es fundamental definir claramente qué está permitido y qué no en relación al uso de estos recursos”, afirmó. “Los fondos deben ser destinados a iniciativas dentro de Castilla-La Mancha y para el beneficio de nuestros ciudadanos”, agregó con firmeza.

Bellido mencionó que, tras este reclamo, Vox no solo deberá devolver la cantidad mencionada, sino que su acción contraviene las normativas sobre el uso del dinero público, que prohíben que se mantengan excesos no gastados en las arcas del partido.

A través de una declaración pública, Vox desmintió las acusaciones, asegurando que no han violado ninguna ley y que todas sus operaciones están en completo cumplimiento con la normativa vigente. Afirmaron que su convenio con la dirección nacional de Vox está diseñado para garantizar el cumplimiento de las auditorías del Tribunal de Cuentas, lo que refuerza su postura de legalidad.

El grupo parlamentario de Vox insistió también en que la cláusula relacionada con el remanente fue previamente validada por los servicios jurídicos y auditada sin objeciones. En su nota de prensa, aseguraron que, al enterarse de cambios legislativos que afectaban su acuerdo, procedieron a reintegrar el excedente y decidieron no incluir esa cláusula en futuros convenios.

Por lo tanto, desde la perspectiva de Vox, “no hay irregularidad, ilegalidad ni conducta inapropiada” por su parte. Aseguran que tanto la Intervención como la Mesa de las Cortes han aprobado sin reservas sus cuentas.

Sin embargo, esta situación ha desencadenado reacciones desde el PSOE. Sergio García-Navas, secretario de Formación del partido, comentó irónicamente sobre la utilización de fondos en la oposición, sugiriendo que “si así actúan desde la oposición, imaginen lo que harían en el gobierno”. García-Navas no dudó en pedir la dimisión de David Moreno, presidente del grupo parlamentario de Vox, por su falta de transparencia en las afirmaciones públicas.