TOLEDO, 12 de diciembre de 2025.

Durante el tercer trimestre de 2025, Castilla-La Mancha ha visto un aumento notable en la presentación de concursos en sus tribunales, con un incremento del 27,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, 2024. Este repunte se registra a pesar del contexto de desafío económico que enfrenta la región.

Un total de 522 concursos fueron recibidos entre julio y septiembre por los Juzgados de lo Mercantil, según el informe del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial que detalla el impacto de la crisis económica en el sistema judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha compartido esta información a través de una nota de prensa.

El aumento es particularmente notable en el sector de personas naturales no empresarias, donde los concursos se dispararon un 42,1%, alcanzando un total de 479. Este dato muestra la creciente precariedad que está afectando a muchos ciudadanos en la región.

Por otro lado, las cifras son menos alentadoras para los empresarios individuales, ya que solo se registraron 13 concursos, representando una caída del 35% en comparación con el tercer trimestre de 2024. Asimismo, las personas jurídicas también sufrieron un descenso, con 30 concursos presentados, lo que representa una disminución del 42,3% interanual.

Analizando los datos por provincias, Toledo se destaca con 218 concursos, seguida de Guadalajara con 90, Ciudad Real con 89, Albacete con 91 y Cuenca con 34. Esto pone de manifiesto la variabilidad en la situación económica a lo largo de la región.

En los Juzgados de lo Mercantil, se declararon 346 concursos durante este trimestre, lo que implica un aumento del 27,7% en comparación con el año anterior. Además, 18 de estos casos iniciaron la fase de liquidación, una señal preocupante del deterioro de las condiciones económicas para muchos negocios.

En términos de expedientes relacionados con el artículo 169 de la Ley Concursal, que aborda la modificación sustancial de las condiciones laborales a nivel colectivo, se presentaron 2 casos en Toledo, lo que sugiere ajustes difíciles en el ámbito laboral local.

Durante julio, agosto y septiembre, se registraron también 344 ejecuciones hipotecarias, lo que representa un aumento del 24,2% respecto al mismo trimestre del año anterior, reflejando la incapacidad de muchas familias para afrontar sus obligaciones financieras en un entorno económico complicado.

En los Juzgados de lo Social de la región, se presentaron 1.076 demandas por despido, marcando un descenso del 11,7% en comparación al mismo periodo de 2024. Esto podría interpretarse como una leve estabilización en el empleo, pero las preocupaciones persisten.

Las reclamaciones de cantidad en los Juzgados de lo Social totalizaron 860, mostrando una disminución del 15,7% interanual, lo que podría estar relacionado con la dificultad que tienen muchos trabajadores para exigir sus derechos laborales en este contexto de crisis.

Los procedimientos monitorios, que se utilizan para la reclamación de deudas, alcanzaron un total de 4.359 en los Juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, lo que representa una drástica caída del 57,5% en comparación con el año anterior, un dato que contradice la tendencia general en el resto de procesos judiciales.

La ley de enjuiciamiento civil ha sido modificada en varias ocasiones, y desde 2018 se permite reportar estadísticas sobre juicios verbales relacionados con la ocupación ilegal de viviendas. En este último trimestre, 11 procedimientos de este tipo fueron ingresados en los juzgados de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, los datos sobre lanzamientos, que se realizan en el marco de desahucios, aún son incompletos, ya que 64 partidos judiciales a nivel nacional no han reportado información actualizada. En particular, localidades como Almansa, Cuenca, Motilla del Palancar y otras carecen de datos precisos.

En el tercer trimestre de 2025, se ejecutaron un total de 172 lanzamientos en Castilla-La Mancha, lo que supone un aumento del 12,4% en comparación con el mismo periodo de 2024. De estos, 113 derivaron de incumplimientos en la Ley de Arrendamientos Urbanos, evidenciando el problema persistente de alquileres impagados en la región.

Los lanzamientos por impago de alquiler crecieron un 6,6%, mientras que aquellos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 10,3%. Curiosamente, los lanzamientos por otras causas se dispararon un 200%, pasando de 8 a 24 en el mismo periodo de comparación, sugiriendo un aumento preocupante de situaciones de vulnerabilidad.

El informe también menciona lanzamientos solicitados a los servicios comunes, aunque destaca que estos datos pueden no reflejar la situación total en todos los partidos judiciales. Durante este trimestre, se solicitaron 249 lanzamientos, un modesto incremento del 2% respecto al año anterior, con un aumento del 21,6% en los casos que finalizaron con éxito.