24h Castilla-La Mancha.

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Asaja solicita a la Junta de Castilla-La Mancha una reunión sobre la reforma de la Ley de Montes.

Asaja solicita a la Junta de Castilla-La Mancha una reunión sobre la reforma de la Ley de Montes.


TOLEDO, 10 Jun.

La organización agraria Asaja Castilla-La Mancha ha solicitado a la Consejería de Desarrollo Sostenible la convocatoria de una mesa de diálogo para discutir la modificación del artículo 3 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. Este artículo define el concepto de monte y, según la organización, tiene un impacto directo en las limitaciones impuestas a los agricultores durante la temporada de siega en casos de alto o extremo índice de propagación de incendios (IPP).

Asaja considera que la redacción actual de este artículo genera incertidumbre y por tanto, pide una normativa clara que brinde garantías y seguridad jurídica para su aplicación.

El problema radica en la definición de "monte" en la ley regional, la cual, según la organización agraria, es demasiado restrictiva e incluye una amplia variedad de elementos que extienden las áreas de restricción para las actividades agrícolas.

Asaja señala que la Ley de Montes estatal define el monte de una manera más abierta, considerando terrenos agrícolas abandonados que hayan adquirido características forestales, así como enclaves forestales en terrenos agrícolas con una superficie mínima determinada por la Comunidad Autónoma.

La discrepancia radica en la amplia definición de monte en Castilla-La Mancha, que incluye elementos que limitan las labores agrícolas en la región, dejando gran parte de la superficie sujeta a restricciones según Asaja.

Una de las soluciones propuestas por Asaja es aumentar la superficie mínima de enclaves forestales para permitir ciertas actividades agrícolas en estas zonas. Además, sugieren la creación de una capa adicional en el sistema Sigpac que permita declarar ciertas áreas como barbecho o de cultivo, e incluso ofrecer compensaciones económicas en el ámbito de la prevención de incendios forestales del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha.

Estas medidas, según la organización agraria, ayudarían a liberar gran parte de las zonas agrícolas afectadas por la actual redacción de la Ley y permitirían realizar labores agrícolas en momentos de alto riesgo de incendio en la región sin representar una amenaza para desencadenar un incendio forestal.