TOLEDO, 22 de noviembre.

La organización agraria Asaja Castilla-La Mancha ha convocado una manifestación programada para el próximo 17 de diciembre en Toledo, donde los agricultores alzarán sus voces en protesta "ante la insostenible crisis de rentabilidad que enfrenta el sector agrícola". Esta movilización surge en un contexto crítico, donde los productores demandan atención y soluciones eficaces.

En un comunicado de prensa, la organización ha señalado que su intención no se limita a exigir medidas que son urgentemente necesarias para el sector agrario, sino que también buscan educar a los consumidores para que pueden identificar y valorar los productos locales, entendiendo las diferencias entre lo que producen nuestros agricultores y lo que proviene del extranjero.

Asaja ha puesto de manifiesto que las raíces de esta crisis de rentabilidad son múltiples, centrándose en factores como "la inflación, el aumento vertiginoso de los costos de producción, el incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, la llegada masiva de importaciones a precios que socavan la economía local y la falta de reciprocidad en las condiciones para las producciones de países no europeos".

Los agricultores advierten que, en la actualidad, "producir alimentos en nuestro país implica un costo superior a lo que reciben por ellos, a pesar de que existe una normativa que prohíbe pagar por debajo de los costos de producción establecidos". Este dilema refleja una desunión entre la ley y la realidad económica de los productores.

Asimismo, los acuerdos comerciales, como el firmado con Mercosur, obligan a los agricultores nacionales a competir con productos extranjeros que no cumplen con los mismos estándares de calidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria exigidos a sus contrapartes locales. Este desequilibrio palpable no solo es una injusticia hacia los campesinos, sino que también perjudica a los consumidores, quienes frecuentemente desconocen el origen y las metodologías de producción de los alimentos que adquieren.

En el contexto internacional, la eventual reelección de Trump en la presidencia de Estados Unidos podría conllevar la reactivación de medidas proteccionistas, como aranceles sobre productos europeos, que en administraciones pasadas afectaron gravemente a las exportaciones españolas. Este riesgo aumenta la urgencia de una respuesta activa por parte del Gobierno español.

La organización agraria advierte que, si no se toman cartas en el asunto, podría repetirse un escenario que pondría en jaque la soberanía alimentaria de España, es decir, la capacidad de los consumidores de decidir lo que consumen, priorizando sus salud y sus derechos por encima de intereses puramente económicos o políticos.

Este dilema invita a reflexionar sobre el derecho de cada individuo a elegir qué consumir, cómo obtener esos productos y cuáles son las condiciones en las que se producen. La transparencia y la responsabilidad son fundamentales en un sistema alimentario que debe servir a la sociedad.

Ante esta situación, José María Fresneda, presidente de Asaja, hace un llamado a los consumidores para que el 17 de diciembre se sumen al apoyo hacia los agricultores, quienes no solo luchan por su sostenibilidad económica, sino por un sistema alimentario equitativo, libre de competencia desleal y que cumpla con criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental.

En las palabras de Fresneda, "nos encontramos ante una sociedad cada vez más fragmentada debido a las divisiones generadas por las élites políticas y económicas. No queremos recibir apoyos vacíos ni promesas sin fundamento, y rechazamos cualquier tipo de mensaje que fomente el odio o se aproveche del sufrimiento de los campesinos".

La movilización, asegura, tiene un objetivo claro: defender un modelo productivo que garantice a la sociedad productos que cumplan con los estándares de seguridad alimentaria, bienestar animal y protección del medio ambiente.

Entre las principales demandas del sector, se destaca la creación de un Observatorio de costos que aporte transparencia al mercado y facilite las negociaciones con los operadores comerciales, una necesidad que, según afirman, está siendo ignorada sin razones claras.

Además, reclaman la implementación de una Estrategia Nacional de Producción Agraria que limite la especulación en los precios de insumos, supervise la concentración de poder en los oligopolios y establezca medidas fiscales que respalden al sector agrícola.

También exigen una revisión del sistema de seguros agrarios, para que este proteja efectivamente las rentas de los agricultores frente a adversidades climáticas y no excluya a aquellos que se enfrentan a serias dificultades económicas debido a las elevadas tarifas.

Respecto a las importaciones, solicitan la instauración de controles más rigurosos sobre trazabilidad, calidad y volumen, la aplicación de aranceles disuasorios y la utilización de "cláusulas espejo" en los acuerdos comerciales, asegurando que los productos procedentes de países terceros respeten los mismos requisitos establecidos a nivel europeo.

Por último, hacen hincapié en la necesidad de un etiquetado claro que informe a los consumidores sobre el origen y las condiciones de producción de los alimentos, garantizando así la transparencia y la trazabilidad en el mercado. Así, los ciudadanos podrán tomar decisiones informadas que benefician tanto su salud como la sostenibilidad del sector agrícola local.