TOLEDO, 18 de diciembre. La Audiencia Provincial de Toledo ha emitido una condena significativa contra la alcaldesa de Villarrubia de Santiago, imponiéndole nueve años de inhabilitación para desempeñar funciones públicas y para el derecho de sufragio pasivo. Esta decisión se fundamenta en un delito de prevaricación administrativa relacionado con la cancelación injustificada de la licencia de un vendedor ambulante del mercadillo local.

La causa se inició tras una querella presentada por J.V.R., quien durante años había operado legalmente su negocio de venta ambulante de fruta en la localidad, con la correspondiente autorización del Ayuntamiento. La alcaldesa, según se dictó en la sentencia, notificó a J.V.R. mediante una carta certificada el 8 de marzo de 2021, su decisión de no renovarle la licencia, citando un desacuerdo con el encargado del mercadillo sin seguir los procedimientos administrativos establecidos ni ofrecerle la posibilidad de defensa.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, deja claro que en abril de 2021, un agente de la policía local emitió un acta contra J.V.R. mientras montaba su puesto, alegando la falta de autorización municipal. Sin embargo, la decisión fue catalogada como injusta, dado que J.V.R. contaba con la licencia para la venta a domicilio a nivel nacional. La acusación ha resaltado que las acciones del Ayuntamiento carecieron de justificación legal adecuada.

Después de que J.V.R. solicitara la reactivación de su licencia, el 16 de abril de 2021, la alcaldesa le envió otra carta informándole que no podría montar su puesto en el mercado alegando que tales acciones no podían ser toleradas, nuevamente sin fundamentos legales válidos. La presión sobre J.V.R. continuó a pesar de su prolongada trayectoria como comerciante autorizado en la zona.

Una vez presentada la querella, la alcaldesa optó por iniciar un procedimiento para revocar su decisión de marzo de 2021, pero no sin antes hacer caso omiso a los derechos de audiencia del demandante. La eventual revocación del acto administrativo llegó tras la presión de la querella, lo que pone de relieve un comportamiento arbitrario en el ejercicio de su cargo.

Adicionalmente, el 23 de abril de 2021, se impidió a J.V.R. llevar a cabo su actividad de venta a domicilio, una práctica que había estado ejerciendo por un considerable tiempo. Sin embargo, el 17 de junio de 2021, la alcaldía finalmente volvió a autorizar a J.V.R. a operar en el mercadillo, a pesar de los tropiezos legales anteriores.

La sentencia ha incluido la condena de la alcaldesa al pago de las costas del proceso, que comprenden también las de la acusación particular. En términos de responsabilidad civil, la alcaldesa deberá indemnizar a J.V.R. con una suma de 3.487,60 euros. Por su parte, los concejales acusados han sido absueltos de las mismas imputaciones, lo que resalta los matices en el caso y cómo se han manejado las acusaciones desde el ámbito político local.