Las organizaciones agrarias han alzado la voz en una contundente denuncia sobre el reciente acuerdo entre la Comisión Europea y Mercosur, advirtiendo que el sector agroalimentario ha sido utilizado como una "moneda de cambio" en este proceso. Esta declaración se produce tras una reunión sostenida con miembros del Gobierno donde se discutieron las preocupaciones en torno a este acuerdo, que, desde su establecimiento en 2019, ha generado una creciente incertidumbre entre los productores locales.

En el encuentro, convocado a instancias de las organizaciones Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones, sus representantes se entrevistaron con la secretaria de Estado de Comercio y con la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria para expresar sus inquietudes y exigir cambios en las condiciones pactadas. Sin embargo, la sensación general al término de la reunión era de insatisfacción, pues no se vislumbraban grandes avances en torno al asunto.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, manifestó su descontento, subrayando que la reunión "llega tarde" para abordar un acuerdo que lleva cuatro años en vigor y que, según él, afectará de manera negativa a sectores específicos como la carne de vacuno, el arroz y la miel. Esta afirmación refleja la preocupación generalizada entre los agricultores, quienes sienten que su futuro está comprometido ante la falta de medidas adecuadas para proteger su producción.

Además, Cortés insistió en la necesidad de incorporar "cláusulas espejo" en el acuerdo, advirtiendo que, de no hacerlo, el Gobierno español estaría facilitando la creación de una "competencia desleal" que perjudicaría aún más a los productores locales. "O se imponen las cláusulas espejo, tal y como se comprometió el Ministerio, o los tractores volverán a Madrid en enero o febrero", sentenció, dejando claro que la movilización será una opción si continúan las condiciones actuales.

Desde otro ángulo, José Manuel Roche, secretario de relaciones internacionales de UPA, explicó que aunque el acuerdo puede ser ventajoso para la Unión Europea en términos globales, es "un mal acuerdo" para afrontar el impacto en sectores específicos. Roche subrayó que es imperativo tener en cuenta no solo las cláusulas espejo y el principio de reciprocidad, sino también la inclusión de cláusulas de salvaguardia y un sistema de compensación para aquellos sectores que puedan ser desfavorecidos por el acuerdo.

Al calificar la situación, José Luis Miguel, director técnico de COAG, se mostró crítico sobre los resultados de la reunión, afirmando que no hubo "grandes novedades" y que las organizaciones se mantienen firmes en su postura. Miguel denunció cómo se ha "utilizado a la agricultura como moneda de cambio", donde se habrían hecho concesiones significativas que debilitarían aún más la estructura productiva europea a cambio de beneficios en otros sectores.

Finalmente, Pedro Barato, presidente de Asaja, se unió al coro de críticas, señalando que el acuerdo no ha sido explicado de manera beneficiosa para el sector agrario. "No he visto ningún sector agrícola ni en Europa ni en España que aplauda el acuerdo", concluyó Barato, evidenciando el descontento generalizado entre los agricultores que ven amenazado su sustento ante las decisiones tomadas en el ámbito político y económico.